El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) declaró ayer
fundada la demanda de habeas corpus del presidente Pedro Castillo y ordenó al
Congreso dejar sin efecto el proceso a través del cual pretendían inhabilitarlo
por cinco años, bajo la acusación sin sustento por el supuesto delito de
“traición a la patria”.
Se trata del tercer intento frustrado del actual Congreso
para sacar del cargo al presidente Pedro Castillo, si se tienen en cuenta las
dos mociones de vacancia que no tuvieron mayor respaldo en votos en el pleno.
La decisión del TC fue unánime. Votaron a favor de declarar
fundada la demanda Manuel Monteagudo, Gustavo Gutiérrez, Luz Pacheco, Francisco
Morales, Helder Domínguez y César Ochoa (Augusto Ferrero se encuentra de
vacaciones).
Se trata de un duro revés para el Congreso, si se tiene en
cuenta que este TC está conformado por jueces elegidos por los actuales
legisladores.
Los argumentos
El presente caso tuvo como ponente al magistrado Manuel
Monteagudo. Uno de los primeros defectos del proceso de acusación que
impulsaban en el Congreso es la ausencia de una adecuada motivación.
En la sentencia del TC se cuestiona que el informe de
calificación de la denuncia haya sido aprobado solo con la citación de los
artículos aplicables al proceso, sin precisar “los hechos específicos” que
sustenten las supuestas infracciones constitucionales o el delito de traición a
la patria.
El TC también se pronuncia sobre el informe final sometido a
votación en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), bajo la
presidencia de Lady Camones (APP).
“En el informe final no se hace referencia a algún elemento
objetivo que permita concluir que se ha dado inicio a la ejecución de alguna
conducta, siquiera en estado preparatorio, que materialice alguna clase de
entrega o cesión del territorio nacional”, se lee en la sentencia.
En resumen, el Congreso pretendió inhabilitar por cinco años
al presidente Castillo, sin precisar en forma fehaciente los hechos que
constituían el supuesto delito de traición a la patria o las infracciones a la
Constitución, por las declaraciones que hizo sobre la aspiración de Bolivia de
tener acceso al mar.
Las responsabilidades
El TC acaba de dejar sin piso al Congreso, pero es preciso
recordar a los actores políticos que dieron lugar a la denuncia contra
Castillo, acentuando así la prolongada crisis política.
La denuncia constitucional fue presentada por Fernán Altuve,
Ángel Delgado, Lourdes Flores, Hugo Guerra, Francisco Tudela y César Gonzales.
Sin embargo, para que resulte viable, los legisladores José Cueto y Norma
Yarrow la hicieron suya.
El 28 de febrero, el informe de calificación fue aprobado en
la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) con ocho votos de Rosío
Torres y María Acuña (APP); Ernesto Bustamante, Hernando Guerra y Martha Moyano
(FP); Cavero (AvP), Jorge Muñante (RP) y Wilson Soto (AP).
El legislador Wilson Soto (AP) elaboró el informe final sin
sustento que ahora fue invalidado por el Pleno del TC. Dicho informe, además,
fue sustentado por Diego Bazán (Avanza País).
El 11 de noviembre, la SAC aprobó el informe final con once
votos de Lady Camones (APP), Ernesto Bustamante, Hernando Guerra, Patricia
Juárez, María Cordero y Juan Lizarzaburu (FP); Noelia Herrera y María Jáuregui
(RP), José Arriola y Wilson Soto (AP) y Diego Bazán.
Lady Camones (APP) permitió en esta ocasión el voto de José
Arriola, a pesar de que este legislador tiene una investigación fiscal y está
impedido de integrar la subcomisión.
Datos
Decisiones. El presidente del Congreso, José Williams,
convocó para este jueves a la Comisión Permanente, para votar el informe final.
Posturas. Lady Camones apuntó que respeta el fallo del TC y
destacó que “se ha decidido declarar nulo y empezar una nueva calificación”.
Sentencia por unanimidad
Votaron a favor Francisco Morales, Luz Pacheco, Gustavo
Gutiérrez, Helder Domínguez, Manuel Monteagudo y César Ochoa (Ferrero está de
vacaciones).
