Un proyecto de ley presentado en octubre del 2021 gana
terreno discretamente en el Congreso de la República en detrimento del
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que perdería su potestad para fijar el
monto del impuesto selectivo al consumo (ISC).
Como se sabe, el ISC es un impuesto que se concibió como un
instrumento disuasivo del consumo de productos que ocasionan efectos negativos
sobre la salud de la población y el medio ambiente, además de tener una
finalidad recaudatoria, según el MEF.
Las externalidades negativas son los impactos que genera el
consumo de un producto para el entorno, efectos que alcanzan al resto de la
sociedad: fumar, tomar demasiado, utilizar motores a combustión, etc, explica
Carlos Casas, exviceministro de Economía.
De esta manera, a inicios de cada año el monto es
actualizado en función del índice de precios al consumidor, y si un bien
gravado experimenta un incremento mayor de 1% al año en su precio final, se
sube el ISC con el fin de recuperar la carga tributaria, función técnica que el
Congreso busca asumir mediante el PL 536-2021.
Esta iniciativa fue presentada por la congresista Patricia
Chirinos, de Avanza País, y ya cuenta con dictamen favorable en las comisiones
de Economía y, recientemente (3 de noviembre), de Constitución y Reglamento,
esta última presidida por el fujimorista Hernando Guerra-García, quien hace
unos meses impulsó la reducción del IGV de 18% a 8% en bares y restaurantes.
Ahora buscan tener el control de la aplicación de tasas para
bienes como combustibles, aceites minerales y productos de su destilación,
materias bituminosas y ceras minerales, bebidas, líquidos alcohólicos, tabaco,
vehículos automóviles, tractores, vehículos terrestres, sus partes y
accesorios, así como de los tragamonedas y casinos.
Para Casas, existe una discusión muy larga sobre este tema
que tiene puntos en contra y favor. Por ejemplo, algunos alegan que modificar
el ISC le da mayor flexibilidad al MEF, el cual tiene respuestas mucho más
rápidas, y repercute menos el efecto de los lobbies; pero si lo que se busca es
guardar cierto orden en línea con los demás impuestos, tendría un punto a favor
que pase esta potestad al Congreso, precisa el especialista.
¿Debería el Congreso fijar las tasas del ISC?
De acuerdo al tributarista David Bravo, es el Congreso el
que tiene la potestad tributaria por mandato del artículo 74 de la Constitución
Política del Perú; sin embargo, reconoce que se podría prestar en favor de los
lobbies.
“Evidentemente, puede haber intereses en juego, sectores que
se beneficiarían de manera eventual con una medida de esa naturaleza, pero
desde el punto de vista técnico no dejaría de tener razón el Congreso, pues el
tema tributario es algo que le compete”, precisa Bravo.
Al respecto, este diario se comunicó con dos extitulares de
la cartera de Economía, quienes opinaron que la norma es perjudicial, ya que
generaría un déficit fiscal y una afectación negativa en el presupuesto
público.
“El riesgo es que el día de mañana, para favorecer a algún
sector productivo-industrial de algún oligopolio, decidan rebajar la tasa. Eso
costaría cientos de millones al fisco, se dejarían de hacer muchas cosas que
dependen del gasto público”, precisó Pedro Francke.
El exministro recordó que el Congreso negó que se pudiera subir
el impuesto a los yates, negando las facultades para que el MEF reduzca la
elusión en la que incurren los dueños de estas naves, que escapan del impuesto
sacando el yate fuera de aguas peruanas una vez al año y argumentando que ‘no
es peruano, sino panameño’, lo que revela el modus operandi de los miembros del
Congreso.
En esa línea, Alonso Segura, exministro de Economía, aseguró
que la referida norma está siendo impulsada por aquellos actores que se ven
afectados por este impuesto en la actualidad y lo que buscan es paralizar al
Ejecutivo en esta materia.
“Es evidente que la razón por la cual está este proyecto de
ley en el Congreso es porque son lobbies de casino, cerveza, alcohol y
gaseosas, porque lo que quieren es paralizar al Ejecutivo. Ciertamente, el
Congreso no tiene ningún tipo de racionalidad a la hora de actuar en materia
tributaria, entonces lo que esto va a hacer es generar un daño a la salud
pública”, destacó Segura.
¿Cómo va la recaudación por ISC?
Según el último reporte sobre la recaudación de la
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), el
ISC registró un incremento de 4,7%, con pagos por S/843 millones solo en el mes
de setiembre.
Este resultado es reflejo del buen desempeño de la demanda
interna y la recuperación en la recaudación, luego de que dejara de estar
vigente el DS 068-2022-EF, que excluyó a los combustibles menores de 95 octanos
y diésel de la lista de bienes sujetos al ISC y cuyo impacto se sintió hasta
julio.
Por otro lado, la entidad ya ha advertido que en el 2023 el
Estado dejará de percibir S/20.354 millones, equivalente al 2% del PBI, por
concepto de exoneraciones o incentivos tributarios.
Propuesta casi lista para pasar al Pleno
La Comisión de Salud, que debía evaluar el proyecto de ley
536/2021-CR, se inhibirá de ver el dictamen y de esta forma pasará directamente
al Pleno para su debate y votación.
La presidenta de la Comisión de Salud, Elva Julón, de
Alianza para el Progreso, manifestó a La República que esa iniciativa es del
ámbito económico y por ello se ha planteado la inhibición, lo que será sometido
a debate y votación el próximo martes 15 de noviembre.
De aprobarse la inhibición, el predictamen estará listo para
ser agendado en el Pleno, que depende de la Mesa Directiva. Con esa norma, el
Gobierno estará obligado a pedir facultades legislativas al Congreso para
cambiar tasas y montos del IGV y del ISC.
“El proyecto tiene un nombre propio, tiene que ver con estos
grupos de presión que están detrás y se están colgando de esta narrativa del
Congreso, no es la primera vez. Al tener un nombre propio; es decir,
tabacaleras, gaseosa, comercialización de vehículos nuevos, importación de
volquetes, tractores — que sabemos que se van a la minería—, al tener ese
espíritu, el proyecto se invalida”, aseguró el economista Eduardo Recoba.
Recoba destacó que no es una iniciativa que vaya a beneficiar
a la población vulnerable “ni de lejos”.
Este medio se intentó comunicar con la autora de la
propuesta, la congresista Chirinos, pero al cierre del informe no obtuvimos
respuesta.
¿Quiénes estarían detrás del PL 536-2021?
La intentona para arrogarse de este impuesto, aplicado a
productos como las gasolinas, bebidas azucaradas, alcohol y tabaco, ha recibido
el respaldo, precisamente, de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), la Sociedad
de Comercio Exterior del Perú (Comex) y la Sociedad Peruana de Hidrocarburos
(SPH), entre otros, para que la modificación de tasas o montos fijos sean
aprobados por decreto legislativo, en caso de delegación de facultades.
Al otro lado, la Comisión Nacional Permanente de Lucha
Antitabáquica manifestó que debe ampliarse el debate sobre la norma, ya que es
de gran importancia para la vida, la salud, la economía y el desarrollo de los
peruanos.
Según el dictamen aprobado por la Comisión de Economía, se
le pidió opinión a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Sunat y el
MEF, pero solo este último se expresó en contra.
Datos
En subida. La recaudación de setiembre del 2022 alcanzó los
S/12.928 millones de ingresos tributarios del Gobierno central. Dicho importe
supera en S/1.572 millones al logrado en setiembre del 2021.
Recuperación. La recaudación acumulada entre enero y
setiembre ascendió a S/121.233 millones y registró un crecimiento de 10,5% respecto
a similar período del 2021.
Reacciones
Pedro Francke, exministro de Economía
“Existe un riesgo de que los lobbies e influencias de
determinados gremios empresariales impulsen una rebaja de estos impuestos,
desfinanciando el presupuesto público y generando déficit fiscal”.
Carlos Casas, exviceministro de Economía
“La discusión depende de qué se valora más. Si es la
consistencia del sistema tributario, debería aprobarse la ley, pero si se busca
mayor flexibilidad para corregir externalidades, debería continuar en el MEF”.