La Primera Sala Constitucional de Lima admitió a trámite una
demanda presentada por el presidente Pedro Castillo contra el Congreso para que
cesen las denuncias constitucionales y pedidos de vacancia en su contra, por
supuestamente afectar el debido proceso y la Constitución.
La admisión a trámite supone que los jueces evaluarán la
demanda. No significa que le están dando la razón. Para que estén en posición
de dar una respuesta falta mucho, sobre todo con la elevada carga de trabajo de
juzgados y salas constitucionales.
Esta demanda fue presentada el 12 octubre del 2022 al Primer
Juzgado Constitucional de Lima que, al día siguiente, se declaró incompetente
al tratarse de una demanda dirigida contra el Congreso. El documento pasó a la
Sala Superior.
Los jueces han dispuesto remitir copias de la demanda a los
demandados, dándoles un plazo de 10 días hábiles para dar una respuesta y
convocar a audiencia para el próximo 6 de marzo del 2023. Aparecen como
demandados el presidente del Congreso, José Williams Zapata, la titular de la
Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones, el titular de la
Comisión de Fiscalización, Héctor Ventura y el procurador del Congreso.
En la demanda se plantea como primer punto que se declare la
nulidad de todo lo actuado por la Comisión de Fiscalización y Contraloría del
Congreso, por supuesta pertenencia y ser jefe de una organización criminal.
Luego, que se declare la nulidad de la tercera moción de
vacancia promovida por los congresistas Carlos Anderson, George Málaga, Diego
Bazán, Adriana Tudela y Karol Paredes por la investigación que realiza la
Fiscalía de la Nación.
Además, que se declare la nulidad de la acusación
constitucional promovida por los ciudadanos Lourdes Flores, Fernando
Altuves-Febres, Ángel Delgado y otros, en colusión con la Subcomisión de Acusaciones
Constitucionales.
Finalmente, que se ordene al Congreso se abstenga de ejercer
control político de manera arbitraria, desproporcionada y anticonstitucional.
Trámite constitucional
Los pedidos incluidos en la demanda fueron notificados al
Congreso para que dé una respuesta en 10 días.