La Asociación de Víctimas del 9 de Enero en Juliaca se pronunció para exigir la renuncia de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, tras conocer que encabezaría una organización criminal en su institución. Los deudos de los fallecidos señalaron que desde el estallido social se ha convertido en la principal obstructora de la justicia.

 

César Quispe Calsín, abogado de la asociación de víctimas, explicó que desde el inicio de las investigaciones se ha cambiado cinco veces de fiscal y que el traslado de las carpetas fiscales a Lima es otro sinsentido.

 

Las víctimas y su defensa calificaron de desastrosa la denuncia constitucional que Benavides presentó contra Dina Boluarte, porque solo se consideró a cinco fallecidos dentro de las investigaciones. En el caso de Puno, solo se incluyó a una víctima. “Es sospechoso y escandaloso que Benavides solo haya considerado a cinco fallecidos, cuando todos sabemos que son muchos más. Solo en el caso de Puno tenemos 29 ciudadanos asesinados en este contexto”, enfatizó Quispe Calsín tras demandar la inclusión de todos los fallecidos y heridos.

 

Por su parte, en Ayacucho, la Asociación de Familiares de Asesinados y Heridos del 15 de Diciembre señaló que Benavides ha presentado la denuncia contra Boluarte en un intento desesperado por las revelaciones en su contra. “No, señora fiscal, no utilizará la memoria de los fallecidos, ni las lágrimas y el dolor para salvarse de su responsabilidad en una red criminal”, dice el documento firmado por su presidenta, Ruth Bárcena, y otros representantes.

 

También el defensor

Esta asociación ayacuchana también exigió la renuncia del defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez. “Nos sentimos engañados, burlados, revictimizados y desconfiados del actuar del Ministerio Público y de la Defensoría del Pueblo”. Agregan que exigen “sus renuncias a sus cargos y funciones”.