Seis congresistas de la República de diferentes bancadas presentaron una denuncia constitucional contra el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, y piden su inhabilitación del ejercicio de la función pública por 10 años.

Los legisladores que presentaron la denuncia fueron Patricia Chirinos, Edgar Tello, Luis Aragón Carreño, Luis Gustavo Cordero Jon Tay, Ilich Fredy López y José Enrique Jeri Oré. Dichas autoridades del Poder Legislativo señalan que el titular de la Fiscalía de la Nación habría cometido los delitos de abuso de autoridad, prevaricato, patrocinio ilegal, amenaza contra autoridades elegidas y omisión de funciones.

Esa medida en contra de Villena fue interpuesta tras la incorporación de 14 congresistas de la República en la investigación preliminar que realiza el Ministerio Público acerca de una presunta organización criminal que habría liderado Patricia Benavides.

Al respecto, los parlamentarios indicaron que estas diligencias fueron dispuestas por la fiscal suprema Delia Milagros Espinoza Valenzuela, pese a que "el artículo 1 de la ley 27399 confiere expresamente al fiscal de la Nación la competencia de realizar investigaciones previas a la acusación constitucional de funcionarios comprendidos en el artículo 99 de la Constitución".

"(El fiscal de la Nación es) el único funcionario facultado para emitir la disposición de inicio de diligencias preliminares de investigación a los miembros del Congreso de la República", se detalla en la denuncia.

Congresistas señalan que el fiscal de la Nación transgredió el debido proceso

Los congresistas consideraron que la decisión de que la fiscal Espinoza iniciara investigaciones en contra de los 14 parlamentarios "vulnera el principio de legalidad" y "manifiesta transgresión al debido proceso por parte del actual fiscal de la Nación".

"(Villena) delega facultades a un fiscal supremo para asumir de manera indebida investigaciones preliminares a congresistas de la República, basándose únicamente en una disposición administrativa avalada por la autoridad del Ministerio Público (...) Esta disposición administrativa es contraria a normas de mayor jerarquía, como la Constitución y la ley", se precisa en la denuncia.