La empresa ligada a William Zegarra no contrataba con el Estado desde 2017; sin embargo, con la llegada de Dina Boluarte al poder los beneficios fueron más frecuentes, según una investigación difundida por El Comercio
Un exdirectivo del Club Departamental Apurímac, la
asociación que Dina Boluarte presidió entre 2017 y 2021, logró embolsarse más
de S/5,5 millones del erario público a través de doce contratos suscritos con
entidades del Ejecutivo, según una investigación difundida este domingo por El
Comercio.
Se trata de William Zegarra Pantigoso, quien aparece en una
fotografía de Facebook junto con la jefa de Estado. De acuerdo con el
reportaje, el allegado gerenció la firma Welev Servicios Generales S.R.L.,
dedicada al servicio de limpieza y venta de productos especializados, y donde
sus familiares aparecen como accionistas.
La empresa no contrataba con el Estado desde 2017; sin
embargo, desde que Boluarte asumió como vicepresidenta y ministra de
Desarrollo, y después como gobernante, fue beneficiada con frecuencia. Solo en
2022, Welev obtuvo seis contratos por S/3′271.920. Entre 2023 y este año, ganó
otras seis licitaciones públicas por S/2′265.546 en total, según reportes
oficiales.
A detalle
En junio del 2023, el Servicio Nacional de Áreas Naturales
Protegidas por el Estado (Sinanpe) otorgó la buena pro a Welev por el servicio
de limpieza de su sede central, para el cual se destinó S/329.994. Un mes
después, fue contratada en el Proyecto Especial Legado, adscrito a la
Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), por S/339.984.
El 28 de diciembre del 2023, la firma ganó una contratación
en el Fondo Mivivienda por S/345.600. En enero del 2024, obtuvo tres contratos
con el programa Qali Warma y el Organismo Supervisor de la Inversión en
Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán), adscrito a la PCM, por
S/1′249.968.
De acuerdo con el informe, Welev ganó tres de los doce
contratos en consorcio con Ankhrian Representaciones S.A.C., constituida en
2013 por Aníbal Zegarra, hermano del exdirectivo. Esta última compañía,
dedicada al servicio de limpieza y al transporte urbano, empezó a ganar
contratos estatales en 2022, según registros de la Superintendencia Nacional de
Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).
En marzo de ese año, logró una licitación en el Programa
Subsectorial de Irrigaciones (PSI), del Ministerio de Desarrollo Agrario, por
S/282.000. Dos meses después, se adjudicó otro contrato en Qali Warma, por
S/297.600. En ambos casos ganó en consorcio con Welev, según el reportaje.
A fines de enero último consiguió otro contrato en Qali
Warma, por S/613.968, también en consorcio con Welev, por el servicio de
limpieza, mantenimiento y fumigación de las oficinas de la sede central de los
referidos programas. En 2023, además, la firma de Aníbal Zegarra, de forma
individual, obtuvo una contratación directa en el PSI por S/119.725.
Sin respuestas
Ninguno de los involucrados fue localizado en sus domicilios
ni respondieron al diario al ser contactados. En un reportaje anterior, el
exdirectivo del club negó que haya recibido apoyo indebido en sus contratos,
aunque reconoció una cercanía con la mandataria.
“[Boluarte] fue a mi matrimonio. También ha ido a nuestra
casa para el bautismo de mi hija. [...] Cuando era presidenta del club, hizo
una fiesta para recaudar fondos para su campaña [a la alcaldía de Surquillo, en
2018]. Ahí fuimos [a apoyarla]”, dijo entonces.
Por su parte, el área de prensa de Palacio de Gobierno
rechazó que Boluarte haya intervenido en las licitaciones: “La señora
presidenta [...] no tuvo atribuciones ni participó en ningún proceso de
contratación”, mencionó al diario.
La obtención de estos contratos se ha hecho pública en medio
de una investigación contra la gobernante por presunto enriquecimiento ilícito,
un caso por el que su casa fue registrada el fin de semana por un equipo de
fiscales y agentes de la Policía Nacional (PNP).
La operación fue realizada con fines de registro e incautación
de los relojes de lujo, incluido Rolex, que Boluarte usó en diferentes
actividades públicas sin declararlos como parte de su patrimonio.