Fiscal medina denuncia autoridades locales, incluyendo a los apus protegen a losa agresores de las niñas.
El fiscal de Condorcanqui, Erlin Medina, denunció hoy ante
la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología
(CPAAAAE) del Congreso de la República que las comunidades indígenas de la
provincia dificultan la captura de violadores de niñas.
Medina señaló que las autoridades locales, incluyendo los
apus, protegen a los agresores y amenazan a los fiscales que intentan
detenerlos.
“El apu es su máxima autoridad, si el apu nos dice, ‘doctor,
usted no venga’, no nos dejan ingresar. Nosotros no podemos tampoco entrar a
sus comunidades”, expresó.
El fiscal reveló que incluso han sido víctimas de agresiones
físicas durante las intervenciones. “Nos quisieron prender gasolina”, dijo al
referirse a un intento de ataque cuando intentaban detener a un pedófilo.
Esta situación ha generado un clima de impunidad en la
provincia, donde se han reportado 533 casos de abuso sexual y más de 1000
agresiones físicas contra mujeres indígenas wampís.
Medina lamentó la falta de recursos para atender a las
víctimas de estos delitos. “Condorcanqui no cuenta con laboratorios, la
división médico legal está en Bagua. (Las víctimas) a veces tienen que ir a
Lima o Chiclayo. Solo tenemos una psicóloga en Condorcanqui, por la distancia
muchos no se presentan a los concursos. El 2023 convoco a dos médicos legistas
con sueldos de 9 mil soles pero no se presentaron”, remarcó.
Ante este panorama, el fiscal solicitó al Ministerio de la
Mujer la creación de refugios y albergues en la zona para acoger a las víctimas
de violencia.