La Fiscalía Penal Supraprovincial Transitoria Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad del Distrito Fiscal de Apurímac ha llevado a cabo la exhumación de los restos óseos de dos personas víctimas de la violencia política que azotó Perú en décadas pasadas. La operación, dirigida por el fiscal provincial Iván Soto Pareja, se realizó en la provincia de Andahuaylas con el apoyo de peritos del Equipo Forense Especializado (EFE) de Ayacucho y la Unidad de Medicina Legal (UML) de Abancay.

 

Los eventos que llevaron a estas exhumaciones ocurrieron en septiembre de 1989, cuando una patrulla militar del Ejército Peruano, perteneciente al Batallón Militar de Campaña N° 33 de Andahuaylas, se encontraba en la zona de Cheqchepampa, en el distrito de Guayana. En ese contexto, Fortunato Abundio Venegas Taype, un joven de 16 años que se dedicaba a la crianza de ovinos junto a su familia, fue detenido por la patrulla militar bajo la acusación de ser terrorista y posteriormente ejecutado por sus captores.

 

Por otro lado, en la zona del camino de herradura de Belén-Anta, que conecta con Qellaqata en el distrito de Turpo, se encontró el cuerpo de Gertrudis Sotaya Llacchuarimay. Al momento de ser hallado, el cuerpo de Sotaya presentaba orificios de bala de corto y largo alcance. Al igual que Venegas, Sotaya también se dedicaba a la crianza de ovinos.

 

El personal forense del Ministerio Público llevó a cabo la exhumación de los restos humanos y realizó pruebas de ADN utilizando muestras de sangre proporcionadas por los familiares de las víctimas. Tras concluir el proceso de identificación, los restos óseos serán entregados formalmente a sus familias, quienes podrán darles el último adiós conforme a sus tradiciones.

 

Esta operación es parte de un esfuerzo continuo por parte del Estado peruano para esclarecer y reparar los daños causados por la violencia política, y busca brindar justicia y dignidad a las víctimas y sus familias, reafirmando el compromiso con los derechos humanos y la memoria histórica.