Bando de Juan José Tuñón Temoche quiere como a dé lugar el espacio dejado por el exdirector de la Ugel Andahuaylas Henrry Hurtado.
La reciente elección del Jefe de Área de Gestión Pedagógica
(AGP) en la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Andahuaylas ha generado
una fuerte ola de críticas y sospechas sobre la transparencia del proceso. El
concurso, realizado entre el 13 de septiembre y el 9 de octubre, culminó con la
victoria del doctor en educación John William Velasco Loayza, quien obtuvo 55
puntos y fue presentado oficialmente ante el personal de la AGP el 9 de octubre.
Sin embargo, el panorama cambió drásticamente al día
siguiente, cuando una carta desestimó su nombramiento, argumentando que un
director de institución educativa no puede renunciar para asumir otra
encargatura en el mismo año. Esta interpretación ha sido considerada por muchos
como arbitraria y parece haber sido diseñada para favorecer a Juan José Tuñón
Temoche, quien regresó a su puesto original tras actuar como director encargado
de la UGEL durante el proceso.
La controversia se intensifica al considerar que Tuñón, a
pesar de su implicación en el concurso, debió haberse excluido por razones
éticas. Su participación genera serias dudas sobre la imparcialidad del proceso
y se percibe como un claro conflicto de interés. La norma que rige a los directores
de instituciones educativas parece haber sido ignorada en su caso, lo que
muchos interpretan como un atropello y una manipulación por parte de la
comisión evaluadora, perjudicando al profesor Velasco.
La comunidad educativa de Andahuaylas exige claridad y
justicia en este proceso. Las decisiones deben ser transparentes y basadas en
principios éticos y normativos, sin favorecer intereses personales ni de grupos
específicos. La situación actual no solo deteriora la imagen de la UGEL, sino
que también alimenta la desconfianza entre docentes y la comunidad. Es crucial
que las autoridades competentes lleven a cabo una investigación exhaustiva para
restaurar la credibilidad de la UGEL Andahuaylas y garantizar que los procesos
educativos sean justos y equitativos.