El gobernador regional de Apurímac, Percy Godoy Medina, ha emitido un contundente comunicado en el que rechaza las declaraciones de la presidenta Dina Boluarte, quien, durante un evento oficial en Chalhuanca el pasado 25 de febrero, se refirió al mandatario regional como “opa”. Este término, utilizado en el contexto de la cultura Kechwa Chanka, tiene una connotación despectiva y discriminatoria, ya que "upa", su equivalente en español, significa "sordo" y es utilizado en los Andes del Perú para denigrar a personas con discapacidades auditivas y retardo.

La polémica se desató cuando, en su intervención, la presidenta sugirió que la cercanía de Godoy con el gobierno central podría implicar un trato preferencial para Apurímac. Esta afirmación generó una serie de reacciones de burla y repudio en las redes sociales, desatando una ola de comentarios que cuestionaban tanto el lenguaje utilizado como el mensaje subyacente.

A través de su comunicado, Godoy expresó su respeto, pero también su rechazo rotundo hacia el calificativo de “opa”, calificándolo de “inapropiado, discriminatorio e inaceptable”, especialmente en un evento oficial donde se encontraban presentes diversas autoridades y representantes del Estado. “En la sociedad andina, términos como este representan una forma de menosprecio, por lo que exijo respeto a mi dignidad como autoridad y al pueblo apurimeño”, aseveró Godoy, dejando claro que la expresión no solo lo ofendía personalmente, sino que también menospreciaba a toda la población de Apurímac.

En cuanto a las acusaciones de la presidenta sobre la supuesta falta de documentación necesaria en la región, Godoy respondió que su gestión ha cumplido con las normativas legales y administrativas, impulsando proyectos emblemáticos con total transparencia y compromiso. Reafirmó que su objetivo es siempre el desarrollo de Apurímac, y destacó que no permitirá que se cuestione el trabajo realizado en beneficio de su región.

Este episodio ha generado un intenso debate en las redes sociales, donde los comentarios se han polarizado entre quienes defienden al gobernador y quienes critican las palabras de la presidenta. Lo ocurrido en Chalhuanca resalta la creciente tensión política y social en el país, mientras persisten las demandas de respeto hacia las autoridades locales y las comunidades andinas, que reclaman un trato justo y sin discriminación.