Dina Boluarte se presentó esta mañana ante el Ministerio Público para dar su manifestación en la ampliación de la investigación por los asesinatos cometidos por las fuerzas del orden durante las protestas. Sin embargo, la diligencia no duró más de diez minutos porque la mandataria decidió acogerse al derecho de guardar silencio.

 

La diligencia inició a las 9:12 de la mañana, con participación de la fiscal de la nación, Patricia Benavides, y el fiscal Carlos Huamán. Este último dio lectura a dos disposiciones fiscales de ampliación de investigación por los crímenes cometidos por las fuerzas del orden en Lima y Cusco, además de lesiones en Pucallpa.

 

Al finalizar, preguntó a Dina Boluarte qué tiene que decir y ella negó las imputaciones. Acto seguido dijo que como ya había declarado en extenso en una anterior diligencia se acogía al derecho de guardar silencio.

 

Tras esta respuesta, el fiscal Carlos Huamán evitó continuar con la lectura de las siguientes preguntas del Ministerio Público, según contó a La República Juan José Quispe, abogado del Instituto de Defensa Legal, quien acompaña a los familiares de las víctimas.

 

Luego la Procuraduría General del Estado y la defensa de los familiares pidieron formular preguntas, pero Dina Boluarte optó por guardar silencio. Fueron un total de 47 las interrogantes que la mandataria evitó responder.

 

Joseph Campos, abogado de la mandataria, intentó impedir que estas 47 preguntas sean incluidas dentro del acta de la diligencia; sin embargo, el Ministerio Público no atendió el pedido y las consignó para que quede constancia.

 

No ocurrió lo mismo con las preguntas del Ministerio Público, pues luego de la primera, Carlos Huamán evitó dar lectura de las siguientes y tampoco quedaron consignadas en el acta. “Hubiese sido importante que el Ministerio Público consigne también sus preguntas”, comentó Juan José Quispe.

 

El abogado lamentó que Dina Boluarte haya optado por guardar silencio en una investigación fiscal muy importante sobre los crímenes cometidos por las fuerzas armadas y policiales durante las protestas de diciembre del 2022 y enero del 2023.

 

“La actitud de la señora Boluarte ha sido obstruccionista a la investigación. Ha sido un desprecio por la vida de los caídos en las protestas sociales y, sobre todo, está yendo contra un principio internacional, que es el derecho a la verdad que tienen las víctimas dentro de una investigación”, expresó Juan José Quispe.