El Informe de Derechos Humanos 2023 sobre Perú, presentado por el Departamento de Estado de EE. UU., arroja luz sobre una serie de preocupaciones graves que persisten en el país andino. Aunque la presidenta Dina Boluarte fue denunciada por la muerte de manifestantes durante protestas que pedían su dimisión, el informe resalta que las investigaciones sobre estos casos se han ralentizado deliberadamente, lo que genera dudas sobre la transparencia.

El expediente también aborda la situación de los trabajadores en el país y señala desafíos significativos en la aplicación de las leyes laborales, como en la prevalencia del empleo precario y el sector informal. En este informe, se expone la necesidad de medidas urgentes para garantizar condiciones justas y equitativas para todos los trabajadores.

Asesinatos y faltas de respeto a la integridad

La sección sobre el respeto a la integridad de la persona indica una serie de preocupaciones en cuanto al ejercicio de la fuerza por parte del Gobierno y sus agentes, especialmente durante protestas y manifestaciones. Entre diciembre de 2022 y febrero de 2023, se reportaron 49 muertes de civiles, con énfasis en las regiones sureñas de Puno y Ayacucho. Asimismo, se destacó el caso del defensor ambiental Santiago Camilo Contoricón Antúnez, asesinado el 8 de abril en Puerto Ocopa, Junín, presuntamente como represalia por su activismo. Ambos eventos relacionados en el contexto de violencia y violaciones a los derechos humanos que se describen en dicho informe.

En cuanto a las libertades civiles, se registraron 153 ataques contra periodistas entre diciembre de 2022 y febrero de 2023, con grupos extremistas como La Resistencia, que perpetran intimidación hacia periodistas y activistas, además de exacerbar la autocensura en los medios, según la información.

Gobierno peruano y la corrupción

La corrupción en el Gobierno es otro tema destacado. El escándalo de Odebrecht y las investigaciones del expresidente Pedro Castillo son mencionadas, junto con la corrupción en la judicatura y en la adjudicación de contratos de infraestructura. De tal manera, se menciona que la corrupción continúa siendo un problema persistente en todos los niveles del Gobierno. 

Violencia en el Perú

Además, se investigó sobre la discriminación y abusos sociales, se detalla la discriminación contra comunidades indígenas y afroperuanas, en donde resalta la falta de protección de sus derechos territoriales. Otro aspecto importante mencionado es la discriminación hacia personas LGBTQI+ y personas con discapacidades, así como la violencia de género, que persiste como un problema crítico en el país. Dentro del documento, se pidió proteger los derechos de estos grupos vulnerables y combatir este problema en todas sus formas.

El informe también aborda la postura gubernamental hacia el monitoreo e investigación de presuntos abusos de derechos humanos, ya que señala inquietudes sobre la impunidad y la falta de acción efectiva en casos de violaciones de este tipo de derechos. Se menciona la represalia contra defensores de derechos humanos, especialmente activistas ambientales, lo cual genera preocupación a nivel nacional e internacional.

En cuanto a los derechos de los trabajadores, se evidencian desafíos significativos en la aplicación de las leyes laborales, con obstáculos para la libertad de asociación y la negociación colectiva. Asimismo, se resaltó la prevalencia del empleo precario y el sector informal, es decir, se plantean problemas sobre la protección de los derechos de los trabajadores en el país.

En resumen, el Informe de Derechos Humanos 2023 confirmó una serie de preocupaciones en Perú que requieren atención urgente por parte del Gobierno y la sociedad en su conjunto.