La resolución emitida por cinco magistrados del Tribunal Constitucional (TC) para intentar salvar a Patricia Benavides, la fiscal suspendida y presuntamente implicada en una organización criminal, ha generado impactos, tanto en la institucionalidad democrática del país, como en el sistema normativo y judicial, según advierten el Colegio de Abogados de Lima y especialistas en derecho constitucional.

La decisión exprés de dicha instancia, sin embargo, aún no logra bloquear el procedimiento de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que podría culminar con la destitución de la otrora fiscal de la nación. Los días siguientes, entonces, serán igual de intensos para los distintos actores de la presente crisis política.

Impacto en la democracia

El Colegio de Abogados de Ayacucho fue la primera organización que salió ayer a pronunciarse, en medio del notorio adormecimiento de la mayoría de organizaciones de los profesionales del derecho. “Lamentamos que no existan razones constitucionales y legales en el proceder de los miembros del TC”, expresan los abogados ayacuchanos, quienes, además, realizaron ayer una vigilia “en defensa del Estado de derecho y la constitucionalidad”.

Sobre la marcha ayer también se pronunció el Colegio de Abogados de Lima y alertan sobre el impacto del fallo del actual TC en la institucionalidad democrática. “La reciente decisión del TC debilita el régimen democrático del país”, comentan.

Esta organización hace hincapié en el artículo 139, inciso 2, de la Constitución, que establece que ninguna autoridad puede abocarse a causas que se encuentran pendientes en el Poder Judicial, ni interferir en el ejercicio de sus funciones de este importante poder del Estado.