Poco después que la JNJ le abrió investigación por destituir a la fiscal suprema que estaba a cargo del caso de su hermana jueza, Patricia Benavides hizo cambio sobre situación legal de su residencia.
El 4 de febrero de este año, la suspendida fiscal de la
Nación, Patricia Benavides Vargas, inscribió como patrimonio familiar el único
inmueble de su propiedad y lo registró a nombre de sus dos hijas. Benavides
adoptó la decisión pocos días después que la Junta Nacional de Justicia (JNJ)
le inició proceso de investigación, como consecuencia de las declaraciones del
colaborador eficaz Jaime Villanueva Barreto, su exasesor personal.
Villanueva reveló que Patricia Benavides organizó la
destitución fraudulenta de la fiscal suprema Bersabeth Revilla, quien estaba a
cargo del caso de su hermana, la jueza Enma Benavides, acusada de haber
recibido soborbos de un narcotraficante para salir en libertad. Revilla se
había negado a archivar el caso.
Al inscribir el inmueble ubicado en San Borja como
patrimonio familiar en beneficio de sus hijas, la suspendida fiscal de la
Nación intenta resguardar la propiedad ante eventuales requerimientos de
embargos o el pago de reparación civil, derivados de los casos penales que
enfrenta.
El 9 de enero, la fiscal suprema especializada en Corrupción
de Funcionarios, Delia Espinoza, inició investigación preliminar contra
Patricia Benavides por los presuntuosa delitos de organización criminal,
cohecho activo específico, cohecho pasivo específico, tráfico de influencias,
falsedad ideológica, encubrimiento personal y encubrimiento real. Para
sustentar las imputaciones, Espinoza citó las manifestaciones del colaborador
eficaz Jaime Villanueva, detenido el 27 de noviembre de 2023. Entre otros
casos, mencionó el complot contra la fiscal suprema Revilla, lo que motivó a la
JNJ abrir indagación contra Benavides, el 26 de enero. Nueve días después, hizo
el cambio en Registros Públicos para proteger su residencia.
El abogado de la suspendida fiscal de la Nación, Jorge del
Castillo, confirmó el propósito de Benavides. “El patrimonio familiar no se
puede hipotecar ni vender. No es ilegal para nada. Es la protección de la
propiedad para que nadie la pueda vender o alquilar, ni ella misma. ¿Qué cosa
se pretende? ¿Que la despojen de su casa? ¿Que no tengan dónde vivir sus hijos
menores de edad?”, respondió Del Castillo.
La penalista Diana Pérez Ruíz, del estudio Iuralex, tuvo
otra opinión sobre el caso: “Ella sigue siendo la titular del inmueble, solo
que está utilizando un mecanismo del Código Civil para que esta propiedad sea
inembargable. En el contexto de las investigaciones que está enfrentando
(Benavides), podría verse como una situación fraudulenta para proteger el
inmueble. El Ministerio Público o el Procurador podría solicitar la nulidad de
esta constitución que se ha realizado en Registros Públicos”, argumentó.