Andahuaylas, 11 de junio 2025.- A pocas semanas de cumplirse el plazo oficial de ejecución, la obra de mejoramiento del servicio de agua potable y alcantarillado en la comunidad de Unión Chumbao, ejecutada por la Municipalidad Distrital de San Jerónimo, ha generado una ola de indignación entre los vecinos, quienes denuncian graves deficiencias técnicas, riesgos sanitarios y presuntos actos de colusión entre autoridades y el equipo responsable del proyecto.

La obra, valorizada en S/ 3,540,660.39, contempla la instalación de más de 5,000 metros de tuberías y 254 conexiones domiciliarias, beneficiando teóricamente a más de 300 pobladores. No obstante, los residentes afirman que la realidad dista mucho del discurso oficial difundido por el alcalde Sabino Portillo, quien promovió el proyecto con entusiasmo en actos protocolares.

Principales irregularidades denunciadas:

Vecinos de Unión Chumbao, frustrados por lo que consideran una ejecución deficiente y sin supervisión, enumeraron una serie de fallas estructurales advertidas desde el inicio y que hasta ahora no han sido corregidas:

Conexiones domiciliarias con tuberías nuevas dobladas o quemadas.

Instalaciones sanitarias mal conectadas y de baja calidad.

Observaciones técnicas ignoradas por el equipo supervisor.

Cortes arbitrarios del servicio de agua potable, algunos de más de 48 horas, incluso en fines de semana.

Zanjas abiertas sin señalización ni rutas alternas, causando accidentes a niños y adultos mayores.

Redes de alcantarillado mal ejecutadas, con serias dudas sobre su durabilidad y operatividad.

Uno de los hechos más alarmantes es que las redes de desagüe, aún sin ser probadas adecuadamente, ya están siendo conectadas a la red existente, lo que ha provocado atoros frecuentes y el retorno de aguas servidas a las viviendas. Esta situación representa un riesgo directo para la salud pública, vulnerando el derecho de los vecinos a vivir en condiciones salubres.

Ampliación sospechosa y posible colusión

La situación se agrava con la posible solicitud de ampliación de plazo y presupuesto, pese a que el contrato establece 210 días calendario. Para los vecinos, esta ampliación sería injustificada y podría encubrir un sobrecosto deliberado.

Asimismo, se denunció que algunos representantes del JASS (Junta Administradora de Servicios de Saneamiento) del barrio estarían coludidos con los responsables de la obra, encubriendo las irregularidades en lugar de exigir las correcciones necesarias.

“Nos sentimos burlados. Esta obra que debía mejorar nuestra calidad de vida ha traído más problemas que soluciones. Exigimos la intervención inmediata de la Contraloría General de la República antes de que se apruebe una ampliación que solo beneficiaría a los responsables de este desastre”, expresaron vecinos durante una reunión comunal.

Pese a las declaraciones de la gestión municipal reiterando su compromiso con el desarrollo de zonas rurales, este caso pone en duda la capacidad de ejecución, fiscalización y transparencia de los proyectos públicos en el distrito. La ciudadanía exige que las promesas no se queden en palabras y que se sancione a los responsables de lo que podría constituir un grave perjuicio técnico, económico y social para la comunidad.