Andahuaylas, 5 de agosto 2025.- La Dirección Subregional de Transportes y Comunicaciones Chanka (DSRTC-Chanka) enfrenta serias críticas por el bajo nivel de ejecución en sus principales proyectos de infraestructura vial. A la fecha, la entidad solo ha alcanzado un 41% de ejecución del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), que asciende a S/ 19,395,619, mientras que el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) llega a S/ 26,146,079.

Pese a esta millonaria asignación, las obras emblemáticas como la Avenida Libertadores, el tramo Bicapa – Huancarama – Pacobamba, el proyecto AP-147 Aranjuez – Luispata, y la mejora del camino vecinal Av. Los Lirios – Paltacc – Campanayocc, entre otras, no muestran avances físicos significativos.

Estas intervenciones, ejecutadas bajo la modalidad de administración directa, están actualmente paralizadas debido a múltiples trabas administrativas, especialmente en los procesos de adquisición de materiales y alquiler de maquinaria pesada. Según fuentes internas, las licitaciones se frustran repetidamente porque los proveedores supuestamente favorecidos por la actual gestión no cumplen con los requisitos técnicos ni legales.

Además, se ha denunciado que para acceder a contratos en estas obras, los trabajadores y proveedores deben contar con “buen padrino”, asumir compromisos políticos de cara a futuras campañas electorales y responder a intereses particulares, lo que ha generado un ambiente de desconfianza y malestar entre los profesionales del sector.

El actual director de la DSRTC-Chanka, Jorge Rivera Pereira, ha sido objeto de cuestionamientos públicos por su aparente falta de liderazgo técnico y capacidad de gestión, lo que viene perjudicando directamente a miles de ciudadanos que dependen de estas rutas para su movilidad, comercio y acceso a servicios básicos.

Frente a este panorama crítico, organizaciones sociales, dirigentes comunales y autoridades locales han solicitado la inmediata intervención del Gobierno Regional de Apurímac, así como del Órgano de Control Institucional (OCI), a fin de auditar los procesos de contratación, garantizar la correcta ejecución presupuestal y frenar prácticas que estarían comprometiendo el desarrollo vial de la región.