La Fiscalía investiga al entonces presidente regional de Ayacucho Wilfredo Oscorima por su intervención en el proceso de licitación pública “Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Abra Toccto – Vilcashuamán, Tramo Condorcocha – Vilcashuamán.
El juez Jorge Chávez Tamariz determinó que esta medida es
idónea, necesaria y proporcional, por ser un mecanismo eficaz para garantizar
los fines de la investigación en el caso Obrainsa contra Wilfredo Oscorima.
El Poder Judicial ordenó el embargo en forma de inscripción
sobre ocho bienes del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, en el
marco de la investigación preparatoria que se le sigue por el denominado caso Obrainsa.
El juez Jorge Chávez Tamariz declaró fundada la solicitud
que hizo la Procuraduría ad hoc para los casos Odebrecht y Lava Jato, a fin de
que se ordenara la ejecución de esta medida cautelar sobre un departamento y un
estacionamiento ubicados en el distrito limeño de San Borja, un inmueble en el
Cercado de Lima, un departamento y dos estacionamientos ubicados en el distrito
limeño de San Isidro, un vehículo y una parcela en la provincia limeña de
Cañete.
El magistrado ordenó trabar embargo en forma de inscripción
hasta por la suma total de cuatro millones 624 mil 405.49 soles sobre los
derechos y acciones que correspondan al investigado respecto a estos ocho
bienes, por lo que dispuso que se cursen los partes correspondientes a la
SUNARP, Registro de Propiedad Inmueble
de la Zona Registral IX de la sede Lima, Oficina Registral de Lima y la
Oficina Registral de Cañete, a fin de que se proceda a las anotaciones en la
partida registral correspondiente.
Mediante dos resoluciones emitidas el último 23 de junio, el
juez Jorge Chávez Tamariz determinó que la medida cautelar de embargo en forma
de inscripción es idónea, necesaria y proporcional, por ser un mecanismo eficaz
para garantizar los fines de la investigación, pues evita que dichos bienes
sean transferidos o gravados.
Ello permite que ante una posible sentencia exista la
posibilidad de resarcir el daño causado mediante el pago de una reparación
civil y además evita que los bienes puedan ser donados, vendidos o gravados a
personas distintas, ya sea natural o jurídica, que bajo el argumento de ser
adquiriente de buena fe puedan eludir la responsabilidad civil, así como
garantizar el futuro pago de la reparación civil a ser impuesta en una posible
sentencia.
La Procuraduría ad hoc para los casos Odebrecht y Lava Jato
pidió al Poder Judicial que el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo
Oscorima, y otros paguen, forma solidaria, la suma de 56 millones 639 mil
414.40 soles como reparación civil a favor del estado peruano tras haber sido
incorporada como actor civil o parte agraviada dentro de la investigación
preparatoria que se les sigue por el caso Obrainsa.