El Congreso declaró procedente pedido del exdictador Alberto Fujimori para recibir pensión vitalicia por su periodo como jefe de Estado (1990 -2000). El beneficio económico será de S/15.600 y se otorgó en respuesta a una solicitud de la defensa legal del expresidente en abril último. Contradictoriamente, ese mismo Parlamento decidió no otorgar un remuneración mensual al exmandatario Pedro Castillo por tener, al igual que Fujimori, una acusación constitucional en su contra.

 

"La Ley N.º 26519, establece pensión para los expresidentes, para cuyo efecto, establece dos reglas en sus artículos 1° y 2°; siendo la primera, la de ostentar la calidad de expresidente constitucional de la República; mientras la segunda es no encontrarse acusado constitucionalmente, ‘salvo que la sentencia judicial los declare inocentes’", se lee en el documento.

 

Posteriormente, el escrito indica: “La suspensión de la pensión es instrumental, pues se halla condicionada a posterior de la acusación constitucional a la declaratoria de inocencia. La exigencia de esta declaratoria de inocencia podría vulnerar el derecho a la presunción de inocencia, reconocido por el literal e) del numeral 24 del artículo 2° de la Constitución [...] En consecuencia y luego de la verificación antes mencionada, la solicitud [...] resultaría procedente”.

 

Tras esta explicación, la resolución de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso determinó que la solicitud "resultaría procedente".

 

De esta forma, se hizo efectivo el pedido realizado el último 24 de abril por la defensa legal del exmandatario. Solicitud que se realizó tan solo cuatro meses después de salir en libertad por orden del Tribunal Constitucional, que le restituyó el indulto otorgado por el exdignatario Pedro Pablo Kuczynski en el 2017.

 

Alberto Fujimori no puede recibir pensión vitalicia por acusación constitucional

Sin embargo, el artículo 2 de la Ley 26519 establece que este recurso no puede ser otorgado a un expresidente que ha sido acusado constitucionalmente y, en ese contexto, es encontrado culpable de la comisión de un delito.

 

En el caso concreto de Alberto Fujimori, el 30 de noviembre del 2000 el Congreso planteó una denuncia constitucional en su contra por una serie de delitos por los que, posteriormente, fue hallado culpable. En ese momento, el proceso de antejuicio siguió su curso y, el 23 de febrero del 2001, se inhabilitó a Fujimori del ejercicio de la función pública hasta por 10 años. Por ende, quedó aprobada la acusación constitucional en su contra.