Lima, 6 de noviembre de 2024 – La ampliación del Régimen de Formalización de la Minería Artesanal y de Pequeña Escala (REINFO) se encuentra en una encrucijada crítica. Este martes, la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República no logró aprobar el dictamen para extender la vigencia del REINFO por dos años, como había sido propuesto. De los 17 congresistas presentes, 14 votaron a favor de un cuarto intermedio, posponiendo la decisión, mientras que 3 se mostraron en contra. Con este resultado, el futuro del REINFO queda en suspenso y el dictamen podría ser debatido nuevamente este jueves, una vez que el Ministerio de Energía y Minas presente su propuesta de ley MAPE.

Si el Congreso no aprueba una extensión del REINFO, la minería artesanal formalizada en proceso podría quedar fuera de la legalidad a partir de enero. A la fecha, los mineros que están en proceso de formalización tienen solo un mes para que el dictamen sea aprobado en el Congreso, pase al pleno y sea promulgado por la presidenta Dina Boluarte. De no ser así, miles de mineros podrían regresar a la ilegalidad, lo que afectaría gravemente a la economía de muchas familias en el país.

Mientras tanto, las movilizaciones en defensa de la minería artesanal se intensifican. Miles de mineros que forman parte de la Confederación de Comunidades Indígenas Mineras del Perú (Conacami) y la Federación Nacional de Mineros Artesanales del Perú (Fenamarpe) marcharon por las calles de Lima el 29 de octubre y el 5 de noviembre. No obstante, organizaciones como Confemin, que representa a otro sector de la minería, no se han unido a las protestas y, en su lugar, parecen apoyar indirectamente el proyecto de ley presentado por el Ministerio de Energía y Minas, que busca terminar con el REINFO. Según los manifestantes, la propuesta del ministro Rómulo Mucho Mamani dejaría a la minería artesanal fuera del mercado formal, un golpe letal para miles de trabajadores.

En paralelo, las comunidades indígenas han decidido presentar amparos legales para anular las concesiones mineras ilegales de las grandes transnacionales, en lo que se perfila como una lucha judicial que podría modificar el panorama de la minería en el país. Siguiendo el ejemplo de la comunidad de Pamputa, que ya logró la admisión de su amparo para detener el proyecto Las Bambas, las comunidades esperan recuperar el control de sus territorios y avanzar hacia una verdadera formalización de la minería, lejos de los intereses de las grandes corporaciones.