Congresistas como Elías Varas, Susel Paredes, Heydi Juárez, Ernesto Bustamante, Kelly Portalatino y Silvana Robles manifestaron su preocupación y criticaron la demolición de un hospital con áreas recientemente implementadas.
En la reciente sesión de la Comisión de Salud del Congreso de la República, congresistas y autoridades analizaron la propuesta del Gobierno Regional de Apurímac y el Programa Nacional de Inversiones en Salud (PRONIS) de demoler el Hospital Guillermo Díaz de la Vega para construir una nueva infraestructura en el mismo terreno.
La iniciativa contempla la implementación de un hospital de
contingencia en la zona de Maucacalle durante las obras.
Esta propuesta ha generado un fuerte rechazo por parte de
diversas autoridades y congresistas, quienes consideran inviable la demolición.
El alcalde de Abancay, Raúl Peña Sánchez, señaló que esta modalidad de
construcción pone en riesgo a la región ante una eventual paralización de las
obras, lo que dejaría a la población sin un hospital regional.
La congresista Elizabeth Taipe Coronado expresó su
preocupación por los peligros asociados a esta decisión. Cuestionó los
fundamentos técnicos del PRONIS y la elección de Maucacalle como zona para el
hospital de contingencia, debido a su vulnerabilidad ante desastres naturales.
Además, Taipe interrogó a los citados sobre la falta de consideración de
terrenos alternativos para el nuevo hospital y denunció presuntos intentos de
politizar la problemática, incluyendo presiones sobre trabajadores públicos.
Congresistas como Elías Varas, Susel Paredes, Heydi Juárez,
Ernesto Bustamante, Kelly Portalatino y Silvana Robles respaldaron esta
postura. Manifestaron su preocupación por los antecedentes negativos de
proyectos similares y criticaron la demolición de un hospital con áreas
recientemente implementadas. Subrayaron que la falta de licencia social para
esta obra podría derivar en investigaciones por parte de la Comisión de Fiscalización.
Finalmente, la congresista Taipe reiteró la necesidad de
priorizar el diálogo para resolver este conflicto, advirtiendo que la falta de
consenso podría reflejar intereses personales que vulneran el derecho de los
ciudadanos al acceso a la salud. Instó a las autoridades a trabajar por
soluciones que garanticen la salud y el bienestar de la población apurimeña.