Lima, 3 de mayo 2026.- A pocos días de la segunda vuelta electoral, el Instituto Peruano de Economía (IPE) analizó las principales propuestas de gobierno de los candidatos presidenciales y advirtió que existen visiones marcadamente distintas sobre el rol de la inversión privada en la economía, lo que podría influir en el crecimiento, el empleo y la institucionalidad del país.

El análisis se desarrolló en el seminario virtual “Antes de votar: propuestas, riesgos y prioridades”, con la participación de Carlos Gallardo (IPE), Roxana Barrantes (PUCP) y Luis Miguel Castilla (Videnza Instituto y exministro de Economía y Finanzas). Los especialistas coincidieron en que el próximo gobierno deberá enfrentar retos complejos como la inseguridad ciudadana, las economías ilegales, la pobreza y las restricciones fiscales.

En ese contexto, Carlos Gallardo señaló que una de las principales diferencias entre Fuerza Popular y Juntos por el Perú radica en su visión sobre la inversión privada. Según indicó, mientras una apuesta por fortalecerla como motor del crecimiento, en la otra persisten propuestas que plantean un mayor protagonismo del Estado en sectores estratégicos, lo que abre un debate sobre el equilibrio entre regulación y confianza empresarial.

Uno de los puntos más discutidos fue la propuesta de un “gran banco minero”, planteada en el entorno de Roberto Sánchez. Desde la perspectiva del IPE, esta iniciativa podría generar riesgos si no cuenta con mecanismos de control adecuados, ya que existe la posibilidad de que el Estado termine adquiriendo oro de origen informal o ilegal. Sin embargo, sus impulsores sostienen que la propuesta busca precisamente ordenar el mercado del oro, aumentar la trazabilidad y permitir una mayor participación estatal en la cadena de valor minera.

Asimismo, Gallardo advirtió sobre otras medidas como el incremento de la remuneración mínima a S/ 1,500, señalando que su impacto en la formalización laboral dependería de la productividad y del contexto económico general, aunque sus defensores argumentan que puede contribuir a mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores en un escenario de alza del costo de vida.

Por su parte, Roxana Barrantes remarcó la importancia de fortalecer la institucionalidad, el Estado de derecho y la seguridad jurídica como condiciones clave para la inversión privada, aunque también se reconoció que existe un debate legítimo sobre cómo el Estado debe intervenir para corregir desigualdades estructurales.

En la misma línea, Luis Miguel Castilla sostuvo que el próximo gobierno enfrentará un escenario desafiante por el avance de economías ilegales y la inseguridad ciudadana, subrayando que la recuperación de la inversión privada será fundamental para la reactivación económica, siempre que exista estabilidad normativa.

En conjunto, el informe del IPE refleja no solo advertencias técnicas sobre las propuestas económicas, sino también un debate de fondo sobre el modelo de desarrollo que el país debe priorizar en los próximos años, entre mayor protagonismo estatal o fortalecimiento del mercado con regulación más estricta.