Chincheros, 16 de junio 2026.- La Contraloría General de la República identificó presuntas responsabilidades penales y administrativas en tres servidores de la Dirección Regional de Salud de Apurímac (Diresa) por irregularidades detectadas en la contratación y ejecución del mantenimiento del puesto de salud La Cabaña, ubicado en el distrito de El Porvenir, provincia de Chincheros.

De acuerdo con el Informe de Control Específico N.° 009-2026-2-0835-SCE, los hechos ocurrieron entre el 15 de junio y el 16 de noviembre de 2022, periodo en el que se evidenciaron diversas deficiencias que ocasionaron un perjuicio económico a la entidad por un monto de S/ 33 500.

El informe señala que las áreas responsables del proceso de contratación otorgaron la buena pro a un postor que no cumplía con los requisitos mínimos establecidos en las bases, entre ellos contar con un ingeniero civil habilitado y acreditar solvencia económica. Asimismo, se determinó que los otros dos postores participantes tampoco reunían las condiciones exigidas, por lo que el proceso debió ser declarado desierto.

Durante la ejecución del servicio también se detectaron irregularidades. El responsable del área usuaria suscribió actas de entrega de terreno, inicio, culminación y conformidad de los trabajos junto a una persona que figuraba como residente del servicio. Sin embargo, esta persona posteriormente declaró que nunca desempeñó dicho cargo ni autorizó el uso de sus documentos para el proyecto.

Las acciones de control revelaron además la existencia de trabajos inconclusos y ejecutados de manera deficiente. Entre las observaciones se encontraron muros de tabiquería drywall con dimensiones menores a las especificadas, pisos falsos sin culminar ni acabado final, trabajos de pintura realizados sin imprimante y otras deficiencias técnicas.

Pese a estas observaciones, el responsable del área usuaria otorgó la conformidad total del servicio, permitiendo el pago del 100 % del monto contratado con recursos públicos, sin que la infraestructura quedara apta para su funcionamiento.

Como consecuencia de estas irregularidades, el puesto de salud La Cabaña permanece inhabilitado para brindar servicios esenciales a la población, obligando a que la atención médica se realice en un local alquilado y en condiciones precarias, afectando directamente a los habitantes de la zona.

La Contraloría informó que los tres servidores involucrados enfrentarán presuntas responsabilidades administrativas y penales derivadas de los hechos identificados, las cuales deberán ser evaluadas por las instancias competentes.