Aapurimac, 03 de julio 2026.- El Poder Judicial dispuso 15 días de detención preliminar contra el presidente de la Corte Superior de Justicia de Apurímac, José Alberto Tinco Luján, su esposa y diversos funcionarios judiciales, quienes vienen siendo investigados por su presunta vinculación con la organización criminal denominada “Las Corbatas Negras”.

Según las investigaciones, la presunta red delictiva habría operado al interior del Poder Judicial en la región Apurímac, involucrando a magistrados, servidores judiciales y personal administrativo de las sedes de Abancay y el Módulo Básico de Justicia de Andahuaylas.

La detención, intervención y allanamiento de los inmuebles de los investigados fue dispuesta por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de Detención Preliminar Judicial de la Corte Suprema, a requerimiento de la Primera Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, con apoyo de la Dircocor Lima.

De acuerdo con la carpeta fiscal, a los investigados se les atribuyen presuntos delitos como tráfico de influencias, cohecho pasivo y activo, abuso de autoridad, negociación incompatible, concusión, coacción, falsedad genérica y organización criminal, entre otros.

Asimismo, la investigación fiscal alcanza a otros jueces y exjueces, así como personal administrativo, quienes habrían participado en el presunto direccionamiento de procesos judiciales para obtener beneficios ilícitos, según la hipótesis del Ministerio Público.

La tesis fiscal señala que el presidente de la Corte habría intervenido en el direccionamiento de procesos judiciales vinculados a clientes de su esposa, quien es abogada litigante, además de presuntas designaciones irregulares de personal, presiones a magistrados y otras imputaciones relacionadas con la administración de justicia.

En la investigación también se cuenta con la declaración de testigos protegidos, identificados con claves reservadas, quienes habrían aportado información y documentos para sustentar la acusación fiscal.

El caso continúa en investigación, mientras las autoridades judiciales y fiscales desarrollan las diligencias correspondientes para determinar el grado de responsabilidad de los implicados y sustentar la eventual acusación formal.