Abancay, 19 de noviembre de 2026.- ¿Se pagaron guardias hospitalarias que nunca se realizaron? Esta es una de las interrogantes que deberán esclarecer los organismos de control tras los cuestionamientos por presuntos pagos irregulares a cinco servidores del Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega de Abancay.
Mediante el Oficio Múltiple N.° 001-2026-GR.APURÍMAC/CR-WQCH, presentado el 16 de junio de 2026, el consejero regional Wildo Quispe Chipana solicitó la intervención de la Contraloría, la Procuraduría Pública Regional, la Oficina Regional de Integridad Institucional y la Gerencia Regional de Desarrollo Social.
El documento advierte posibles irregularidades en la asignación y pago de guardias hospitalarias durante los primeros cinco meses del año. Entre los aspectos que se pide investigar figuran la participación de funcionarios en la programación, validación o aprobación de turnos que habrían generado pagos a su propio favor.
CINCO SERVIDORES BAJO CUESTIONAMIENTO
El oficio comprende a los siguientes trabajadores:
Yolanda Ramos Chavarría, jefa del Departamento de Enfermería.
Dely Elizabeth Acosta Vera, jefa de la Oficina Ejecutiva de Seguros.
Erasmo Ayquipa Gutiérrez, responsable de la Plataforma de Atención al Usuario.
Aquiles Cárdenas Gutiérrez, vinculado a Investigación y Capacitación.
Yanet Alarcón Espinoza, personal de Enfermería mencionado en la evaluación de los turnos.
El cuestionamiento central apunta a que algunos trabajadores con funciones predominantemente administrativas habrían figurado como beneficiarios de guardias hospitalarias entre enero y mayo de 2026. Asimismo, se advierte que determinados servidores habrían participado en la elaboración o aprobación de los roles que sustentaron sus propios pagos.
De comprobarse estas situaciones, podrían existir conflictos de interés y eventuales responsabilidades administrativas o legales. Sin embargo, corresponde a las instancias competentes verificar si las guardias fueron efectivamente realizadas y si los desembolsos estuvieron debidamente justificados.
CONTRALORÍA RECIBIÓ EL EXPEDIENTE EN JUNIO: ¿QUÉ ACCIONES SE ADOPTARON?
El documento fue recibido por la Gerencia Regional de Control de Apurímac los días 16 y 17 de junio, bajo el Expediente N.° 1520260000668. A la Contraloría se le solicitó comprobar si los beneficiarios cumplieron efectivamente las guardias, si hubo presencia física en los servicios asistenciales y si los pagos contaron con sustento técnico, funcional y presupuestal.
Por su parte, a la Procuraduría Pública Regional se le pidió evaluar un eventual perjuicio económico y promover las acciones legales correspondientes, incluida la recuperación del dinero si se comprobara que hubo pagos indebidos. También se solicitó revisar los posibles conflictos de interés y los mecanismos de control de asistencia y permanencia.
PERSONAL ASISTENCIAL TAMBIÉN CUESTIONA EL SISTEMA
El caso cobra mayor relevancia por los reclamos de personal asistencial que asegura cumplir turnos de 12 horas en servicios críticos y enfrentar dificultades para obtener el visto bueno de sus informes y cobrar sus guardias.
En ese contexto, las preguntas son inevitables: ¿quiénes programaron los turnos?, ¿quiénes autorizaron los pagos?, ¿quién verificó que las guardias se cumplieran realmente? Y, sobre todo, ¿qué acciones adoptaron las autoridades después de recibir la denuncia?
El consejero regional trasladó los cuestionamientos a las instancias competentes desde junio. Ahora corresponde conocer si la Contraloría inició acciones de control, qué resultados se obtuvieron y si se determinaron responsabilidades.
La ciudadanía merece respuestas claras. Si se confirma que se pagaron guardias no realizadas, no solo estaríamos ante un posible uso indebido de recursos públicos, sino también ante una situación que exige esclarecer por qué se habría pagado por servicios que no se cumplieron, mientras el personal asistencial denuncia dificultades para cobrar por el trabajo que sí realiza.