Apurímac, 19 de noviembre 2026.- Una pareja de padres de familia llegó hasta la ciudad de Abancay para exigir celeridad y transparencia en las investigaciones por una denuncia de presunta violación sexual contra su hija de cuatro años, hecho que habría ocurrido el pasado 15 de octubre durante una capacitación de docentes en la institución educativa Gran Amauta, en el distrito de Challhuahuacho, provincia de Cotabambas.
Los denunciantes, Jaime Ancasi Hurtado y María del Carmen Huanca Paucar, ambos docentes, cuestionan la demora en las diligencias fiscales y judiciales. Exigen que el caso no quede impune y que se garantice una investigación imparcial, con todas las diligencias necesarias para esclarecer lo ocurrido.
La denuncia señala como presunto responsable al docente José Sierra Barazorda. Los padres se encuentran a la espera de un pronunciamiento del juez del Juzgado Mixto de Tambobamba, Gabriel Suárez Valencia, respecto a sus solicitudes relacionadas con las diligencias de investigación.
CUESTIONAN DEMORA EN LA CÁMARA GESELL
Según el testimonio de la madre, la niña se habría negado a pasar la entrevista en cámara Gesell en Tambobamba luego de que, según su versión, la profesional encargada la habría jaloneado. Ante esta situación, solicitó que la diligencia sea reprogramada en la ciudad del Cusco; sin embargo, asegura que el magistrado todavía no ha atendido favorablemente su pedido.
La madre también cuestionó que, pese a que la denuncia fue presentada por hechos ocurridos el 15 de octubre, todavía no cuentan con los registros de la entrevista en cámara Gesell ni con los resultados médico-legales que consideran necesarios para sustentar la investigación.
Asimismo, indicó que solicitó al fiscal de la Fiscalía Mixta de Challhuahuacho, Fredy Manchego, una reevaluación médica, debido a que, según su relato, en una evaluación realizada en Cusco le comunicaron que no se habían encontrado evidencias de agresión sexual. La denunciante sostiene que entregó videos en los que, según afirma, se observarían lesiones alrededor de las partes íntimas de la menor.
La madre también manifestó que solicitó al médico legista la realización de un hisopado, pero que este procedimiento no se habría efectuado. Estas afirmaciones deberán ser esclarecidas mediante la revisión de los informes médicos y las diligencias correspondientes.
PADRES PIDEN GARANTÍAS DE IMPARCIALIDAD
Otro aspecto que genera preocupación en la familia es el vínculo familiar entre el docente denunciado y un integrante del Ministerio Público. Según la información proporcionada, José Sierra Barazorda es hermano de Luis Alberto Sierra Barazorda, quien fue designado fiscal provincial Civil y Familia del Distrito Fiscal de Apurímac mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación N.° 3481-2026-MP-FN, del 4 de noviembre de 2026.
La madre considera que esta relación podría generar una situación de influencia y cuestiona la imparcialidad con la que se estaría conduciendo el caso. Sin embargo, no se ha presentado información que permita establecer que el fiscal haya intervenido en la investigación o ejercido alguna influencia sobre las autoridades a cargo.
Por su parte, el padre, Jaime Ancasi, manifestó sus sospechas por la demora en las diligencias y reiteró que su familia solicita que la entrevista en cámara Gesell y las evaluaciones médico-legales puedan realizarse en Cusco, debido a su desconfianza respecto a las actuaciones desarrolladas en Tambobamba.
EXIGEN RESPUESTAS Y CELERIDAD
Los padres demandan que el Ministerio Público y el Poder Judicial atiendan sus solicitudes, esclarezcan las circunstancias de la denuncia y garanticen que las diligencias se desarrollen con respeto a la integridad y los derechos de la menor.
El caso exige una actuación diligente, transparente y libre de cualquier interferencia. La prioridad debe ser proteger a la niña, evitar su revictimización y garantizar que las investigaciones permitan establecer responsabilidades, si corresponde.
Hasta el momento, la información proporcionada no incluye una respuesta del juez, del fiscal ni del docente denunciado frente a los cuestionamientos formulados por los padres.
DATO: La presunta agresión habría ocurrido el 15 de octubre de 2026, durante una capacitación de docentes realizada en la institución educativa Gran Amauta, en Challhuahuacho.