La empresa que fue vÃctima del engaño de Alejandro Soto Reyes, Transportes Wayna Picchu, entregó al juez cusqueño Carlos Román Gil la evidencia documental de la compra de un terreno que le vendió el congresista con un exorbitante precio sobrevalorado.
En el lapso de 8 meses la fortuna de Alejandro Soto Reyes
cambió radicalmente. Compró un terreno a la comunidad campesina de Ayamarca por
US$5 mil. Luego, aprovechando su posición de asesor legal de la empresa donde
trabajaba, Transportes Wayna Picchu, convenció al directorio para adquirir el
mismo predio por US$265 mil.
Transportes Wayna Picchu sostiene que el directorio que
aprobó la adquisición del terreno a la comunidad campesina, desconocÃa que el
verdadero propietario era el mismo Alejandro Soto.
La empresa descubrió el engaño 5 años después, cuando
practicó una auditorÃa y descubrió que el pago de los US$265 mil por el predio
fueron extendidos a nombre de Alejandro Soto Reyes, en 2012: US$200 mil el 26
de noviembre y US$ 65 mil el 24 de diciembre.
Como parte del proceso para obtener de Alejandro Soto el
pago de una reparación civil por daños y perjuicios por S/323 mil, Transportes
Wayna Picchu entregó al juez cusqueño Carlos Román Gil los documentos que
confirman que los cheques estaban a nombre de Soto y que él mismo los recibió,
como acreditan sus firmas y huellas digitales.
En su defensa, Alejandro Soto ha dicho que la empresa
“recién†le hizo el reclamo por la compra del terreno 5 años después, y en
efecto asà fue, porque recién en 2017 Transportes Wayna Picchu detectó el
engaño que hizo el congresista en complicidad con otros integrantes de la
empresa.
La fiscal Etel Marquina RodrÃguez corroboró los hechos y
solicitó 8 años y 8 meses de prisión para Soto por los delitos de estafa y
falsedad genérica y también requirió penas para sus cómplices.
La defensa de Alejandro Soto intentó distintas argucias para
librarse de la imputación de la fiscal Marquina, y todas fueron rechazadas,
como la figura de la prescripción, por lo que fue llevado a juicio.
Soto consiguió postergar hasta el 21 de julio de este año la
audiencia para escuchar su sentencia, mientras que al mismo tiempo aprovechó
para poner en la agenda del Pleno del Congreso el debate para la aprobación de
la ley de prescripción que lo salvarÃa de una condena de cárcel.
El propio Alejandro Soto votó a favor del dictamen y
finalmente se promulgó la Ley N°31751 que le calzaba como anillo al dedo, y el
14 de julio de este año solicitó de inmediato acogerse a la norma para que se
declarase archivada la acusación fiscal en su contra.
FiscalÃa presentó demanda competencial ante el TC contra JNJ
por presunto conflicto de atribuciones
El juez Carlos Román aceptó el pedido de Soto el 21 del
mismo mes, y el 24 de julio emitió la resolución archivando el caso contra
Soto, convenientemente 48 horas antes que fuera elegido presidente del
Congreso.
Sin embargo, Alejandro Soto no se libró del pago de la
reparación civil. El mismo juez Carlos Román señaló en su resolución que
archivó la acusación contra Soto, que procedÃa que la parte agraviada,
Transportes Wayna Picchu, solicitara el pago de la reparación civil. Con la
prescripción, Soto evitó una sentencia judicial, pero no asà borró el delito de
estafa, por eso debe pagar a la compañÃa que engañó.
Por eso es que Transportes Wayna Picchu entregó al juez
copia de los cheques que son la prueba de la estafa que perpetró el ahora
presidente del Congreso.
