El premier Aníbal Torres envió un oficio al presidente del Congreso, José Williams Zapata, para que los convoque en el próximo pleno a fin de que pueda plantear una cuestión de confianza (CC) para que se debata y, eventualmente, apruebe el proyecto de ley 1704/2021 PE, que deroga la Ley 31355. Esta norma impide que la PCM haga cuestión de confianza sobre reformas constitucionales.

El sorpresivo pedido, a días de la llegada de la misión de la OEA, generó controversia entre políticos y especialistas, toda vez que la Ley 31355 fue validada por el Tribunal Constitucional (TC) y muchos consideran que el pedido no tiene fundamentos jurídicos y es un primer paso del Ejecutivo para el cierre del Congreso, pues con dos cuestiones de confianza rechazadas podría cerrar el Parlamento.

Mediante esa ley, el Legislativo establece una interpretación de la cuestión de confianza, regulada en los artículos 132 y 133 de la Constitución, señalando que “la facultad que tiene un ministro y el presidente del Consejo de Ministros de plantear una cuestión de confianza está referida a materias de competencia del Poder Ejecutivo relacionadas directamente a la concreción de su política general de Gobierno, no encontrándose, entre ellas, las relativas a la aprobación o no de reformas constitucionales ni las que afecten las competencias del Congreso”.

Para congresistas ligados al Gobierno como Silvana Robles (Perú Libre), la Ley 31355 limita una prerrogativa constitucional del Ejecutivo, alterando el equilibrio entre poderes y “tratándose de un PL ordinario (1704/2021-PE) y no de reforma constitucional, la CC es procedente”.

Guillermo Bermejo (Perú Democrático) sostuvo que el pedido de Aníbal Torres es “porque el Congreso cambió su reglamento para blindarse y puede declarar improcedente de oficio el mecanismo”.

El constitucionalista Omar Cairo advierte que el premier plantea “que se apruebe la ley derogatoria, que no es una ley de reforma constitucional. Si el Congreso aprueba, la ley queda derogada y el gabinete continúa en su cargo. Si no la aprueba, el gabinete perdería el cargo en su integridad”.

Añade que, en buena cuenta, el primer ministro “está pidiendo que se derogue la Ley 31355 que el TC ha dicho es válida, pero eso no quiere decir que no pueda ser derogada. Puede ser derogada por el Congreso por iniciativa de congresistas, del presidente de la República y del premier. Si el Congreso lo deroga no estaría contradiciendo al TC”.

El documento suscrito por Aníbal Torres sostiene que la iniciativa del Gobierno para derogar la Ley 31355 fue propuesta el 8 de abril último y aún no cuenta con dictamen de la Comisión de Constitución, pese a que el artículo 105 de la carta magna establece que los proyectos del Ejecutivo deben ser atendidos con urgencia.

“A pesar de ello, y de haber sido reiterada su prioridad mediante oficio, de fecha 2 de noviembre del 2022, sigue sin ser atendido. Por lo tanto, exigimos que sea exonerado del trámite en comisiones”, dice el oficio enviado al titular del Legislativo.

El exministro del Interior José Elice advierte que Aníbal Torres aún no ha presentado la cuestión de confianza. “Ha anunciado que la presentará y, por ello, solicita ser recibido por el Congreso, porque el reglamento establece que solo puede ser presentada de manera presencial ante el Pleno”, indicó.

Para el congresista no agrupado Carlos Anderson se trata de una nueva amenaza vacía del inefable “experto jurídico” Aníbal Torres. “El Ejecutivo no puede hacer cuestión de confianza por temas que son de exclusiva responsabilidad jurisdiccional del Congreso, y menos aún exigir que el Congreso se someta a la voluntad del premier”, escribió en su cuenta de Twitter.

Mientras que el congresista Luis Aragón (AP) consideró que “no se debe convocar a un pleno para atender el pedido (del premier), lo que tiene que hacer el Congreso es contestar y decirle que se verá oportunamente en la Comisión de Constitución”.

Susel Paredes (Integridad y Desarrollo) considera que el pedido no tiene fundamento legal y es una forma de presionar al Congreso. “Que se agende y de acuerdo a los votos se verá dónde va”, apuntó.

La cuestión de confianza que disolvió el Congreso el 2019

Esta es la primera cuestión de confianza que se plantea en el gobierno de Pedro Castillo. La anterior se produjo en setiembre del 2019 cuando Martín Vizcarra presentó cuestión de confianza al Congreso para aprobar cuatro proyectos de reforma judicial y política. Reclamó que en cuarenta días ninguno hubiera obtenido dictamen de una comisión.

Luego, Salvador del Solar llegó al Pleno y planteó la cuestión de confianza por el proyecto del Ejecutivo que modificaba las reglas de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional (TC). Pero el Congreso siguió con la elección. Luego debatieron y aprobaron la cuestión de confianza, pero Vizcarra ya había decidido su disolución constitucional.

Datos

OEA. La cuestión de confianza es una maniobra política ante la llegada de la misión de la OEA, señaló Susel Paredes.

Eje 6. Según Betsy Chávez, se busca aplicar el eje 6 de la Política General del Gobierno.

Reacciones

Juan de la Puente, analista

“Que el Gobierno intente una cuestión de confianza para derogar una ley aprobada por el Congreso y constitucionalizada es un imposible jurídico. Sería un Gobierno con función derogatoria indirecta”.

Guillermo Bermejo, congresista

“Torres presenta cuestión de confianza para regular la relación Ejecutivo/Legislativo. Esto es porque el Congreso cambió su reglamento para blindarse y puede declarar improcedente de oficio el mecanismo”.

Rosa María Palacios, abogada

“Cuestión de confianza para derogar ley validada como constitucional por el TC, que modificó la cuestión de confianza y que impide que el PCM haga cuestión de confianza sobre reformas constitucionales. No procede”.