El miércoles 9 de noviembre, la Primera Sala Constitucional
de la Corte Superior de Justicia de Lima admitió la acción de amparo del presidente
Pedro Castillo contra el Congreso de la República.
“Se dispone admitir a trámite la demanda interpuesta por la
accionante José Pedro Castillo Terrones, tener por ofrecidos sus medios
probatoriosâ€, resolvió esta Sala Constitucional. También exhortan al
mandatario, en caso no lo haya hecho aún, a acompañar copias fÃsicas de sus
argumentos para notifciar a las partes involucradas.
Las personas demandadas son el presidente del Congreso, José
Williams; la titular de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady
Camones; el titular de la Comisión de Fiscalización, Héctor Ventura; y el
procurador parlamentario Manuel Peña Talavera.
Esto se debe a que el mandatario busca frenar la denuncia
constitucional por traición a la patria que está a punto de votarse el viernes
11 en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. El informe final de este
caso recomienda acusar e inhabilitar a Castillo por cinco años de la función
pública.
La demanda además es para desestimar el informe del Caso
Sarratea, elaborado por la Comisión de Fiscalización, que recomienda también
investigar a Castillo por delitos contra la administración pública y procesarlo
en la Subcomisión.
Asimismo, este recurso pretende anticiparse a la eventual
tercera moción de vacancia presidencial, que aún no es presentada, porque su
promotor, el congresista no agrupado Edward Málaga, continúa recolectando firma
hasta llegar a las 87, con la expectativa de que en esta oportunidad no falten
votos en caso se someta al veredicto del Pleno.
No es la primera vez que el presidente apela a esta
maniobra. Antes lo hizo ante el Primer Juzgado Constitucional de la Corte
Superior de Justicia de Lima contra los mismos representantes parlamentarios.
Sin embargo, el 14 de octubre dicha instancia resolvió no tramitar su demanda
debido a que era su competencia hacerlo.
En aquella oportunidad el Poder Judicial le respondió al
mandatario que la demanda corresponde ser vista por una Sala Constitucional. Y,
en efecto, dÃas después, el mandatario trasladó su recurso ahÃ.
La Sala Constitucional ha programado la audiencia de la
acción de amparo para el 6 de marzo del 2022.
