El miércoles 9 de noviembre, la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima admitió la acción de amparo del presidente Pedro Castillo contra el Congreso de la República.

“Se dispone admitir a trámite la demanda interpuesta por la accionante José Pedro Castillo Terrones, tener por ofrecidos sus medios probatorios”, resolvió esta Sala Constitucional. También exhortan al mandatario, en caso no lo haya hecho aún, a acompañar copias físicas de sus argumentos para notifciar a las partes involucradas.

Las personas demandadas son el presidente del Congreso, José Williams; la titular de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones; el titular de la Comisión de Fiscalización, Héctor Ventura; y el procurador parlamentario Manuel Peña Talavera.

Esto se debe a que el mandatario busca frenar la denuncia constitucional por traición a la patria que está a punto de votarse el viernes 11 en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. El informe final de este caso recomienda acusar e inhabilitar a Castillo por cinco años de la función pública.

La demanda además es para desestimar el informe del Caso Sarratea, elaborado por la Comisión de Fiscalización, que recomienda también investigar a Castillo por delitos contra la administración pública y procesarlo en la Subcomisión.

Asimismo, este recurso pretende anticiparse a la eventual tercera moción de vacancia presidencial, que aún no es presentada, porque su promotor, el congresista no agrupado Edward Málaga, continúa recolectando firma hasta llegar a las 87, con la expectativa de que en esta oportunidad no falten votos en caso se someta al veredicto del Pleno.

No es la primera vez que el presidente apela a esta maniobra. Antes lo hizo ante el Primer Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima contra los mismos representantes parlamentarios. Sin embargo, el 14 de octubre dicha instancia resolvió no tramitar su demanda debido a que era su competencia hacerlo.

En aquella oportunidad el Poder Judicial le respondió al mandatario que la demanda corresponde ser vista por una Sala Constitucional. Y, en efecto, días después, el mandatario trasladó su recurso ahí.

La Sala Constitucional ha programado la audiencia de la acción de amparo para el 6 de marzo del 2022.