Andahuaylas, 19 de junio 2025.- A casi dos años de su última utilización operativa, una ambulancia asignada al puesto de salud del centro poblado de Yanaccma, en el distrito de Turpo, permanece abandonada en la cochera del establecimiento. El motivo: la Gerencia Subregional Chanka no ha formalizado la entrega patrimonial del vehículo a la Dirección de Salud (DISA) Apurímac II, situación que mantiene en el limbo legal y operativo un recurso vital para la atención de emergencias.

Este vehículo fue parte de un paquete de equipamiento destinado al centro de salud ejecutado durante la gestión del exgobernador regional Baltazar Lantarón, inaugurado simbólicamente en 2021, en plena emergencia por la COVID-19. Sin embargo, la entrega formal del equipamiento, entre ellos la ambulancia, nunca se completó. Durante la pandemia, el vehículo fue utilizado para la distribución de vacunas y el traslado de pacientes, hasta que en julio de 2023 habría sufrido un accidente, según versiones extraoficiales que hasta hoy no han sido esclarecidas por ninguna autoridad.

Desde entonces, los directores de la DISA Apurímac II restringieron su uso, argumentando la falta de documentación completa. La Gerente del Centro de Saluda de Yanaccma, Pamela Ortiz, y el alcalde del centro poblado han gestionado insistentemente la regularización de la situación ante el Gobierno Regional de Apurímac. No obstante, ambas instituciones —la Gerencia Subregional y la DISA— se acusan mutuamente de dilatar el proceso. Los funcionarios de la gerencia aseguran que la DISA se niega a recibir la ambulancia, mientras que desde la DISA se afirma que aún faltan documentos básicos como el SOAT, la placa y algunos equipos menores.

Mientras persiste el cruce de responsabilidades, la ambulancia sigue sin operar en una de las zonas más alejadas de Apurímac. La comunidad, en tanto, guarda un silencio que para muchos vecinos se interpreta como complicidad. Diversos testimonios señalan una estrecha relación entre autoridades comunales y funcionarios regionales, lo que explicaría la falta de presión para exigir transparencia y celeridad en el proceso.

Este caso evidencia una vez más cómo la burocracia, la informalidad administrativa y los vínculos políticos terminan afectando directamente los servicios básicos de salud en zonas rurales, donde cada minuto puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.