Desde el 2010 hasta mayo de 2024 se han reportado 524 denuncias de abuso sexual contra escolares por parte de docentes de las llamadas residencias educativas en Amazonas. Pese a que las denuncias ante la Unidad de Gestión Educativa Local son públicas desde el 2015, el Estado no ha mostrado responsabilidad ni apoyo.

“Ahorita hay pronunciamientos por todos lados, pero al final no llegan a los territorios”, menciona indignada Rosemary Pioc, presidenta del Consejo de Mujeres Awajún/Wampis, al ser consultada por Wayka respecto a la denuncia pública que encabezó sobre los 524 casos de abusos sexuales contra escolares por parte de docentes, registrados en la provincia de Condorcanqui, Amazonas, desde el 2010 hasta mayo de 2024 ante la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) del Ministerio de Educación (MINEDU).

El caso ha despertado una serie de cuestionamientos a las autoridades encargadas, principalmente al Ministerio de Educación (MINEDU), que de forma apresurada, y tras la reciente cobertura mediática-  emitió un comunicado señalando que una comisión se movilizó a la zona para verificar la información difundida por la lideresa Awajún, y señaló que parte de los expedientes se perdieron por un incendio en el año 2020 (pese a que el incendio en mención fue el 2022).

Por su parte el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), tras la denuncia pública, aseguró que  un equipo especializado del Programa Nacional Aurora se encontraba atendiendo a las niñas y niños víctimas de la provincia.

Sin embargo, estas denuncias no son recientes. Un informe de la Defensoría del Pueblo sobre la situación de los Internados Estudiantiles en la Región de Amazonas y Loreto (espacios de alojamiento para estudiantes de zonas rurales cerca a sus instituciones), publicado en el año 2015, ya alertaba del nivel de pobreza en el que se encontraban las y los estudiantes, quienes, según testimonios de las autoridades de la UGEL, eran explotados  sexualmente por los profesores para obtener recursos  para comer. Esto, además, incrementó el  contagio de  Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) en la provincia, que en el año 2023 alcanzó a tener el 37,5% del total de casos de la Amazonía.

La misma institución advertía en 2022, a través de un video en sus redes sociales, sobre la alta taza de casos de violencia sexual contra mujeres, niñas y adolescentes de la Región (400 denuncias en los 5 años previos). Por ello, solicitaba que se implemente una cámara Gesell en la Fiscalía para que se facilite el acceso a la justicia de las víctimas.

Con la frase “¡Llegamos a Amazonas!” una nota de prensa de octubre de 2023, publicada en el portal del Gobierno del Perú  anunció la visita de la Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de ese entonces, Nancy Tolentino, a la provincia de Condorcanqui para una feria multisectorial junto con el Ministerio de Defensa, en la que se “abordó el problema de violencia sexual que afecta a niñas, niños y adolescentes de dicha provincia”. En ese momento, Tolentino aseguró: “trabajaremos juntos los tres niveles de gobierno para solucionar todos los problemas que tiene Condorcanqui y que son muchos”.

Ese mismo mes, la comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, presidida por la congresista Ruth Luque, emitió un informe sobre la  situación de la comunidad de Condorcanqui, su sistema de salud, educación y otras demandas de la  población. En el informe   se advierte sobre los casos de violencia sexual contra las menores de la zona perpetrados por los docentes de las residencias educativas, y el gran número de contagios del Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) sin atención de salud adecuada.

En el informe, además, se solicita una serie de medidas a las  instituciones del Poder Ejecutivo para frenar estas situaciones de violencia contra los menores. Sin embargo, Rosemary Pioc menciona que hasta el momento no se ha concretado nada más que la implementación de una cámara Gesell para las víctimas.

Por el contrario, el ministro de educación Morgan Quero realizó comentarios revictimizadores al mencionar que las violaciones sexuales en la zona son prácticas culturales «para ejercer una forma de construcción familiar con las jovencitas».

La ministra de la mujer, Ángela Hernández, además de ratificar lo mencionado por el ministro Quero, señaló que lo que se debe hacer es «Informar a las niñas y adolescentes sobre todo que es importante postergar sus relaciones sexuales».

Víctimas de la impunidad

Según el informe remitido por la UGEL, al 24 de mayo del presente año, de las 524 denuncias, solo 49 se encuentran  en investigación, y 111 de los docentes han sido destituidos. La cifra mayor es la de los casos prescritos, que, según figura, son 195. Esta situación es solo a nivel administrativo, ya que los delitos contra la indemnidad sexual en el Perú no prescriben a nivel judicial.

Además, según la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial, aprobada en noviembre de 2012, el director de la institución educativa debe informar sobre cualquier hecho de violencia u hostigamiento sexual, además de separar preventivamente al profesor acusado de estos delitos mientras exista una denuncia administrativa o judicial.

En condorcanqui, esto no sucede así.

Según el testimonio de Rosemary, durante muchos años se han archivado diferentes procesos contra estos docentes, tanto a nivel administrativo como judicial. Además, los docentes denunciados siguen laborando en la misma u otra institución, y existe “demasiada impunidad”: 

“Yo siempre digo que las Ugeles de Amazonas son un cementerio de expedientes que están ahí, y no se hace nada. Maestros que violan y siguen enseñando en otras escuelas.  Incluso especialistas. Hay especialistas que han sido denunciados en la UGEL de Condorcanqui”, señaló.

Además, Rosemary Pioc desmintió  el pronunciamiento del Ministerio de Educación en el que la institución asegura que constataron 112 docentes destituidos y que el resto de expedientes de las otras denuncias se perdieron producto de un incendio.

“Yo garantizo que estos expedientes existen, porque yo fui Prefecto Provincial en ese entonces. Entonces fui in situ a visitar, a verificar los hechos con el Ministerio Público, que es la Fiscalía provincial, la Policía Nacional.. Y esos documentos ya estaban metidos en sacos y cocidos antes de la quema y estaban arrojados en la Institución Educativa Primaria que está al lado de la UGEL. Esos se rescataron. Lo que sí se quemaron fueron planillas, boletas de pago (…) esta quema de la UGEL también quedó impune, pese a que hay videos y se ven los rostros de personas rociando la UGEL con gasolina. Que se investigue”, solicita Rosemary Pioc.

A merced del VIH sin servicios de salud adecuados

Otra de las problemáticas que aqueja a la región es el incremento de casos de VIH y la ausencia de servicios de salud y medicamentos para combatirlo. Según la denuncia de Rosemary Pioc, muchos de los docentes que abusaron de las menores estudiantes son portadores de este virus, por lo que al daño de la violencia sexual se añade este agravante. 

Pese a que en 2022 la Municipalidad de Condorcanqui declaró el VIH como un problema de salud pública, según la Red de Salud de Condorcanqui se calcula un total de 1700 pacientes registrados en los últimos 5 años, de los cuales 185 fueron registrados durante el 2023. De esta última cifra se desprende que  35 son gestantes, y de este grupo 12 son adolescentes. Se sabe que del total de gestantes embarazadas, solo 25% tomaba retrovirales hasta el 2023.

Según el informe de  la comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, el problema empeora por el escaso número de personal de salud y la falta de insumos médicos.

“La dignidad de las niñas cuesta 4 soles”

Pioc además se encuentra impulsando una campaña para recaudar fondos y comprar artículos sanitarios para las menores. “Queremos donar para 7 residencias cercanas, no podemos llegar muy lejos porque no contamos con el presupuesto. Pero estoy muy preocupada porque la dignidad de las niñas cuesta 4 soles. Por eso estamos moviendo cielo y tierra para poder comprar toallas higiénicas, jabones, cepillos. Eso aprovechan estos sinvergüenzas para poder hacer de las suyas y vivir abusando de las niñas”, acotó.