Niñas y niños Awajún: las víctimas de la indiferencia Estatal y la ausencia de recursos
Desde el 2010 hasta mayo de 2024 se han reportado 524
denuncias de abuso sexual contra escolares por parte de docentes de las
llamadas residencias educativas en Amazonas. Pese a que las denuncias ante la
Unidad de Gestión Educativa Local son públicas desde el 2015, el Estado no ha
mostrado responsabilidad ni apoyo.
“Ahorita hay pronunciamientos por todos lados, pero al final
no llegan a los territorios”, menciona indignada Rosemary Pioc, presidenta del
Consejo de Mujeres Awajún/Wampis, al ser consultada por Wayka respecto a la
denuncia pública que encabezó sobre los 524 casos de abusos sexuales contra
escolares por parte de docentes, registrados en la provincia de Condorcanqui,
Amazonas, desde el 2010 hasta mayo de 2024 ante la Unidad de Gestión Educativa
Local (UGEL) del Ministerio de Educación (MINEDU).
El caso ha despertado una serie de cuestionamientos a las
autoridades encargadas, principalmente al Ministerio de Educación (MINEDU), que
de forma apresurada, y tras la reciente cobertura mediática- emitió un comunicado señalando que una
comisión se movilizó a la zona para verificar la información difundida por la
lideresa Awajún, y señaló que parte de los expedientes se perdieron por un
incendio en el año 2020 (pese a que el incendio en mención fue el 2022).
Por su parte el Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables (MIMP), tras la denuncia pública, aseguró que un equipo especializado del Programa Nacional
Aurora se encontraba atendiendo a las niñas y niños víctimas de la provincia.
Sin embargo, estas denuncias no son recientes. Un informe de
la Defensoría del Pueblo sobre la situación de los Internados Estudiantiles en
la Región de Amazonas y Loreto (espacios de alojamiento para estudiantes de
zonas rurales cerca a sus instituciones), publicado en el año 2015, ya alertaba
del nivel de pobreza en el que se encontraban las y los estudiantes, quienes,
según testimonios de las autoridades de la UGEL, eran explotados sexualmente por los profesores para obtener
recursos para comer. Esto, además,
incrementó el contagio de Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) en
la provincia, que en el año 2023 alcanzó a tener el 37,5% del total de casos de
la Amazonía.
La misma institución advertía en 2022, a través de un video
en sus redes sociales, sobre la alta taza de casos de violencia sexual contra
mujeres, niñas y adolescentes de la Región (400 denuncias en los 5 años
previos). Por ello, solicitaba que se implemente una cámara Gesell en la
Fiscalía para que se facilite el acceso a la justicia de las víctimas.
Con la frase “¡Llegamos a Amazonas!” una nota de prensa de
octubre de 2023, publicada en el portal del Gobierno del Perú anunció la visita de la Ministra de la Mujer
y Poblaciones Vulnerables de ese entonces, Nancy Tolentino, a la provincia de
Condorcanqui para una feria multisectorial junto con el Ministerio de Defensa,
en la que se “abordó el problema de violencia sexual que afecta a niñas, niños
y adolescentes de dicha provincia”. En ese momento, Tolentino aseguró:
“trabajaremos juntos los tres niveles de gobierno para solucionar todos los
problemas que tiene Condorcanqui y que son muchos”.
Ese mismo mes, la comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y
Afroperuanos, Ambiente y Ecología, presidida por la congresista Ruth Luque,
emitió un informe sobre la situación de
la comunidad de Condorcanqui, su sistema de salud, educación y otras demandas
de la población. En el informe se advierte sobre los casos de violencia
sexual contra las menores de la zona perpetrados por los docentes de las
residencias educativas, y el gran número de contagios del Virus de la
Inmunodeficiencia Humana (VIH) sin atención de salud adecuada.
En el informe, además, se solicita una serie de medidas a
las instituciones del Poder Ejecutivo
para frenar estas situaciones de violencia contra los menores. Sin embargo,
Rosemary Pioc menciona que hasta el momento no se ha concretado nada más que la
implementación de una cámara Gesell para las víctimas.
Por el contrario, el ministro de educación Morgan Quero
realizó comentarios revictimizadores al mencionar que las violaciones sexuales
en la zona son prácticas culturales «para ejercer una forma de construcción
familiar con las jovencitas».
La ministra de la mujer, Ángela Hernández, además de
ratificar lo mencionado por el ministro Quero, señaló que lo que se debe hacer
es «Informar a las niñas y adolescentes sobre todo que es importante postergar
sus relaciones sexuales».
Víctimas de la impunidad
Según el informe remitido por la UGEL, al 24 de mayo del
presente año, de las 524 denuncias, solo 49 se encuentran en investigación, y 111 de los docentes han
sido destituidos. La cifra mayor es la de los casos prescritos, que, según
figura, son 195. Esta situación es solo a nivel administrativo, ya que los
delitos contra la indemnidad sexual en el Perú no prescriben a nivel judicial.
Además, según la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial,
aprobada en noviembre de 2012, el director de la institución educativa debe
informar sobre cualquier hecho de violencia u hostigamiento sexual, además de
separar preventivamente al profesor acusado de estos delitos mientras exista
una denuncia administrativa o judicial.
En condorcanqui, esto no sucede así.
Según el testimonio de Rosemary, durante muchos años se han
archivado diferentes procesos contra estos docentes, tanto a nivel
administrativo como judicial. Además, los docentes denunciados siguen laborando
en la misma u otra institución, y existe “demasiada impunidad”:
“Yo siempre digo que las Ugeles de Amazonas son un
cementerio de expedientes que están ahí, y no se hace nada. Maestros que violan
y siguen enseñando en otras escuelas.
Incluso especialistas. Hay especialistas que han sido denunciados en la
UGEL de Condorcanqui”, señaló.
Además, Rosemary Pioc desmintió el pronunciamiento del Ministerio de
Educación en el que la institución asegura que constataron 112 docentes
destituidos y que el resto de expedientes de las otras denuncias se perdieron
producto de un incendio.
“Yo garantizo que estos expedientes existen, porque yo fui
Prefecto Provincial en ese entonces. Entonces fui in situ a visitar, a
verificar los hechos con el Ministerio Público, que es la Fiscalía provincial,
la Policía Nacional.. Y esos documentos ya estaban metidos en sacos y cocidos
antes de la quema y estaban arrojados en la Institución Educativa Primaria que
está al lado de la UGEL. Esos se rescataron. Lo que sí se quemaron fueron
planillas, boletas de pago (…) esta quema de la UGEL también quedó impune, pese
a que hay videos y se ven los rostros de personas rociando la UGEL con
gasolina. Que se investigue”, solicita Rosemary Pioc.
A merced del VIH sin servicios de salud adecuados
Otra de las problemáticas que aqueja a la región es el
incremento de casos de VIH y la ausencia de servicios de salud y medicamentos
para combatirlo. Según la denuncia de Rosemary Pioc, muchos de los docentes que
abusaron de las menores estudiantes son portadores de este virus, por lo que al
daño de la violencia sexual se añade este agravante.
Pese a que en 2022 la Municipalidad de Condorcanqui declaró
el VIH como un problema de salud pública, según la Red de Salud de Condorcanqui
se calcula un total de 1700 pacientes registrados en los últimos 5 años, de los
cuales 185 fueron registrados durante el 2023. De esta última cifra se desprende
que 35 son gestantes, y de este grupo 12
son adolescentes. Se sabe que del total de gestantes embarazadas, solo 25%
tomaba retrovirales hasta el 2023.
Según el informe de
la comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y
Ecología, el problema empeora por el escaso número de personal de salud y la
falta de insumos médicos.
“La dignidad de las niñas cuesta 4 soles”
Pioc además se encuentra impulsando una campaña para
recaudar fondos y comprar artículos sanitarios para las menores. “Queremos
donar para 7 residencias cercanas, no podemos llegar muy lejos porque no
contamos con el presupuesto. Pero estoy muy preocupada porque la dignidad de
las niñas cuesta 4 soles. Por eso estamos moviendo cielo y tierra para poder
comprar toallas higiénicas, jabones, cepillos. Eso aprovechan estos
sinvergüenzas para poder hacer de las suyas y vivir abusando de las niñas”,
acotó.