El fallo de la Corte IDH exige al Estado peruano dejar sin efecto el proyecto de ley sobre crÃmenes de lesa humanidad y de guerra, el cual permitirÃa la prescripción de estos delitos antes de 2002.
La presidenta Dina Boluarte y el presidente del Congreso,
Alejandro Soto, enviaron una carta a la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (Corte IDH) expresando su rechazo por el pedido que realizaron para no
aprobar la ley contra crÃmenes de lesa humanidad. Asà lo anunció este lunes el
primer ministro, Gustavo Adrianzén.
"No tenemos ninguna razón, de momento, para excluirnos
de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo que quiero
mencionar es que la presidenta de la República y el titular del Parlamento han
enviado una carta de respuesta a la resolución que ha emitido a la CIDH y en
esa carta de respuesta firmada por los dos titulares de los poderes de estado
electos han hecho saber a la CIDH el profundo rechazo que les ha merecido esta
resolución", expresó a los medios de comunicación desde Pucallpa.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dio
a conocer esta mañana su resolución del pasado 13 de junio en la que requiere
al Estado peruano suspender "inmediatamente el trámite legislativo del
proyecto de ley" que delimita la prescripción de los crÃmenes de lesa
humanidad cometidos antes del 2002.
El organismo internacional publicó la referida resolución en
el marco de un proceso de solicitud de medidas provisionales y supervisión de
cumplimiento de sentencia que realizaron los deudos de las vÃctimas de los
referidos procesos, el pasado 7 de junio.
A inicios de julio, la Corte IDH solicitó al Estado peruano
que mediante sus "tres poderes tome las acciones necesarias para que no se
adopten, se dejen sin efecto o no se otorgue vigencia al proyecto de ley"
referido. Además, pidió que, "a más tardar el 9 de agosto de 2024",
emita "un informe completo y detallado sobre el cumplimiento de lo
dispuesto".
la CIDH sostuvo que la referida iniciativa legislativa
“genera un serio y grave impacto de naturaleza irreparable en el derecho de
acceso a la justicia de las vÃctimas de las violaciones a los derechos humanos
de [ambos] casos […], al establecer de manera ‘automática’ la prescripción, la
nulidad de sanciones, la no exigibilidad de las mismas, y prohibición del
procesamiento penal de delitos por hechos anteriores al 2002, que puedan ser
considerados crÃmenes de lesa humanidad o crÃmenes de guerraâ€.
Posición del Gobierno y Congreso
En la carta enviada a la Corte IDH se lee que el Perú tiene
"sus propios mecanismos internos" para controlar leyes que se
aprueben, sea a través del control difuso ejercido por el Poder Judicial o del
control concentrado ejercido por el Tribunal Constitucional.
"Deploramos profundamente que la Corte IDH, en la
referida resolución, implique que el Perú no es un estado constitucional de
derecho y que carece de los mecanismos propios de una república democrática en
la que operan el balance y control de los poderes públicos", se lee en la
misiva.Â
