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NO PROCEDIÓ LA VACANCIA CONTRA EL ALCALDE DE URIPA, MIGUEL HUACRE MÉNDEZ

La situación legal del alcalde sigue siendo objeto de discusión. Según las leyes, cualquier ciudadano del distrito de Uripa podría presentar nuevamente una solicitud de suspensión.

La vacancia solicitada contra el alcalde de Uripa, Abog. Miguel Huacre Méndez, no procedió debido a la falta de votos en el Concejo Municipal. El pedido de vacancia fue presentado por Don Félix Centeno, quien alegaba la ilegitimidad del alcalde en su cargo. Sin embargo, la solicitud fue desestimada tras cuestionarse la validez de la misma, ya que el solicitante reside en Lima y no tiene domicilio en el distrito de Ancohuallo, Uripa, lo que fue argumentado por la defensa del alcalde como un motivo de nulidad.

 

El abogado defensor del alcalde Huacre Méndez, argumentó que, según la legislación vigente, la solicitud de vacancia debe ser presentada por un vecino del distrito, con jurisdicción en la zona, lo que descalificaría a Centeno como solicitante válido.

 

No obstante, la situación legal del alcalde es complicada. Según el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles (RNSSC), Miguel Huacre Méndez se encuentra inhabilitado por el Poder Judicial para ejercer cualquier cargo público debido a condenas penales por delitos contra la administración pública. Esta inhabilitación le impide ejercer funciones en el ámbito público, como lo establece el fallo judicial.

 

Es importante destacar que, aunque la vacancia no haya procedido en esta ocasión, la situación legal del alcalde sigue siendo objeto de discusión. Según las leyes, cualquier ciudadano del distrito de Uripa podría presentar nuevamente una solicitud de suspensión, dado que la inhabilitación judicial es una sanción firme que impide el ejercicio de cargos públicos. La situación del alcalde Huacre Méndez aún podría dar lugar a nuevos procedimientos legales en cualquier momento.

 

Este caso resalta la importancia de seguir los procedimientos legales y respetar las normativas que rigen el ejercicio de cargos públicos, así como el derecho de los ciudadanos a impugnar lo que consideren ilegal o injusto.

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