Tapairihua, 26 de marzo de 2025. – La comunidad de Tapairihua, ubicada en el distrito del mismo nomnre, Apurímac, alzó su voz en defensa de los derechos colectivos de las comunidades indígenas sobre el uso y la autodefinición de sus territorios. Más de 30 efectivos policiales y fiscales se desplazaron hacia esta zona para llevar a cabo una diligencia fiscal sobre los daños ocurridos en un campamento minero de la empresa Southern Perú. Sin embargo, se encontraron con pobladores que bloqueaban el camino, exigiendo el respeto a sus derechos territoriales.

El presidente de la comunidad de Tapairihua expresó su preocupación y demandó la intervención de las autoridades para que se respete el derecho de las comunidades indígenas a la autodeterminación y al control de sus tierras. En su intervención, subrayó que este derecho está siendo vulnerado por la actividad minera que se desarrolla en la región sin el consentimiento adecuado de las comunidades afectadas.

El jefe del Frente Policial de Apurímac, general PNP Edson Cerrón Lazo, informó que la diligencia fiscal fue suspendida debido a la presencia de los pobladores en las partes altas de la zona, lo que aumentaba el riesgo de un enfrentamiento. Cerrón aclaró que la presencia de la policía en la zona no tenía fines represivos, sino que respondía a un pedido del Ministerio Público para garantizar la seguridad de la representante fiscal durante la constatación de los daños en el campamento minero.

“Ante la falta de garantías para continuar con la diligencia y debido a la presencia de los pobladores, se decidió suspender la actividad para evitar un nuevo conflicto”, señaló el general Cerrón Lazo en declaraciones a Titanka Noticias.

Este incidente resalta la creciente tensión entre las comunidades indígenas de la región y las actividades mineras que operan en sus territorios, exacerbando las preocupaciones sobre los derechos territoriales y el bienestar de los pobladores locales. La situación sigue siendo monitoreada por las autoridades locales, quienes deberán buscar una solución que equilibre las demandas de las comunidades con los intereses de las empresas extractivas.