Andahuaylas, Apurímac – La carretera Andahuaylas-Pampachiri, una de las principales vías de comunicación entre los distritos de la cuenca Chicha, se encuentra en un estado deplorable, según denuncian los ciudadanos de la zona. La causa principal de los daños es la actividad minera ilegal, que ha generado el tránsito de tráileres cargados de minerales, deteriorando gravemente la infraestructura vial.

Diversos tramos de la vía bicapa están completamente destruidos, lo que ha obligado a las combis de transporte público a realizar descensos forzosos de pasajeros para poder transitar por los tramos más deteriorados. Esta situación no solo afecta la movilidad de los habitantes, sino que también pone en riesgo la seguridad de los transportistas y usuarios de la vía.

Pobladores de la zona, particularmente de los distritos cercanos a la cuenca Chicha, han expresado su frustración y descontento ante lo que consideran una total indiferencia de las autoridades distritales y provinciales. Acusan a los alcaldes, la policía y la fiscalía de ser cómplices de la actividad minera ilegal, al no intervenir para frenar el paso de vehículos de alto tonelaje que transportan mineral extraído de manera clandestina.

“Las autoridades se hacen de la vista gorda, permitiendo que los tráileres continúen destruyendo nuestra carretera. Es evidente que hay un pacto de silencio, un ‘aceite’ que mantiene intacta la minería ilegal”, indicó un vecino de la zona.

Los daños no solo se limitan a la infraestructura vial, sino que también están afectando el ecosistema local. Los pobladores denuncian que la minería ilegal está destruyendo áreas naturales, contaminando fuentes de agua y dejando graves consecuencias ambientales para las futuras generaciones.

Por otro lado, los transportistas que utilizan esta vía para movilizarse entre Huancabamba y Negromayo también han alzado su voz de protesta. Señalan que el paso constante de vehículos pesados, cargados con minerales, ha provocado el desgaste acelerado de la carretera, generando problemas de tránsito y aumentando el riesgo de accidentes.

La situación ha desbordado a las autoridades locales, quienes hasta el momento no han tomado medidas contundentes para abordar este grave problema. Los ciudadanos exigen una intervención inmediata por parte del gobierno provincial y regional, además de un reforzamiento de las labores de control y fiscalización, con el fin de frenar la minería ilegal y proteger tanto las obras públicas como el medio ambiente.