El Tribunal Constitucional develó el 15 de noviembre como la fecha designada para ver el proceso del habeas corpus presentado por la defensa legal del presidente Pedro Castillo en contra de los miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso (SAC), grupo encargado de estudiar la denuncia que enfrenta la cabeza del Poder Ejecutivo por presunta “traición a la patria”.

La audiencia pública en torno al caso comenzará a las 9.00 a. m. del próximo martes y tomará en consideración los datos que se hayan recopilado en la investigación y las diligencias correspondientes iniciadas tras la admisión a trámite del recurso legal.

Según se argumentó de los abogados del jefe de Estado, los integrantes del grupo parlamentario habrían incurrido en la vulneración de varios derechos, entre los que se cuentan el derecho a la libertad individual, al debido proceso y a los principios de legalidad e inaplicabilidad de la ley penal.

Dada esta circunstancia, lo que se busca del Tribunal Constitucional es que se declare nula la admisión de la denuncia constitucional por traición a la patria que persigue al presidente Castillo.

¿Cómo surge la acusación por traición a la patria?

A fines de enero de 2022, Pedro Castillo concedió una entrevista para CNN en Español, en la cual, entre otros aspectos, se abordó la cuestión de la mediterraneidad de Bolivia y la posibilidad de que Perú le otorgase una salida soberana al mar al país altiplánico.

Al ser cuestionado sobre este último punto, el presidente señaló que haría una consulta a la ciudadanía si se diera este escenario. “Le consultaremos al pueblo. Para eso se necesita que el pueblo se manifieste. (…) ¿Qué pasaría si los peruanos están de acuerdo? Yo me debo al pueblo, jamás haría algo que el pueblo no quiera”, declaró.

Estas expresiones no cayeron nada bien entre distintos sectores de la política nacional, en particular entre la oposición. Esto derivó en la presentación de una denuncia constitucional en contra de Castillo por parte de Lourdes Flores, Francisco Tudela, Fernán Altuve y otros ciudadanos, quienes acusaron al mandatario de infringir los artículos 32, 54, 110 y 118 incisos 1, 2 y 11 de la Constitución, así como de la presunta comisión del delito de traición a la patria.

La denuncia fue admitida por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso (SAC) el 28 de febrero de 2022. Dicha acción se dio tras la aprobación del informe final del caso, luego de obtenerse el voto dirimente a favor de la entonces presidenta del grupo parlamentario, Rosío Torres (APP).