Las bancadas de Renovación Popular, Fuerza Popular y Alianza para el Progreso (APP) emitieron comunicados en rechazo al anuncio del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, de plantear una cuestión de confianza para que se derogue la Ley 31355, que limita la ya mencionada figura que fue validada por el Tribunal Constitucional.

Desde Renovación Popular calificaron de “ilegal” el recurso anunciado por el primer ministro y lo acusaron de buscar desconocer el ordenamiento jurídico: “Consideramos que esta es una maniobra más del Gobierno para distraer a la opinión pública de los graves indicios de corrupción del presidente de la República, sus ministros y familiares, los mismos que son materia de investigación fiscal en siete carpetas diferentes”.

En esta línea, alertaron a la ciudadanía de “los intentos de azuzar a la población para solicitar el cierre del Congreso, hecho que se demuestra con la llegada de manifestantes en buses contratados de distintos lugares del país a la capital”.

En tanto, el Congreso de la República decidió suspender el Pleno programado para este jueves 10 de noviembre a las 9.00 a. m. a raíz de la marcha denominada “Toma de Lima” en favor del Gobierno del presidente Pedro Castillo, que se desarrollará el mismo día. A su vez, anunció la paralización de todas las actividades presenciales programadas para dicha fecha.

Según la información emitida por el oficial mayor del Congreso, José Cevasco, los integrantes de la PNP dijeron conocer que en la movilización en favor del Ejecutivo “se llevarían a cabo acciones de protesta con actos de violencia contra la propiedad pública y privada”.

Por su parte, la bancada de Fuerza Popular consideró que el anuncio “ilegal” de una cuestión de confianza respecto a la Ley 31355 “pretende obligar al Parlamento a derogar una ley que fue convalidada por el Tribunal Constitucional”. Acusó al Ejecutivo de “forzar un cierre inconstitucional del Congreso de la República”.

Finalmente, Alianza para el Progreso denunció que la estrategia de Aníbal Torres solo contribuye a ahondar más el resquebrajamiento de las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo: “El Gobierno pretende interferir en el normal funcionamiento del Congreso presentando una cuestión de confianza que desconoce descaradamente el ordenamiento jurídico vigente, ratificado por el TC”.

Aníbal Torres anuncia cuestión de confianza

El anuncio de Aníbal Torres viene generando controversia debido a que cierto sector del Parlamento ha tomado la futura presentación de una cuestión de confianza para forzar la derogación de una ley ya aprobada y que fue validada por el Tribunal Constitucional como una amenaza, así como el primer paso para cerrarlo debido a que, si dos de estas figuras son rechazadas, se procede con la clausura constitucional del Congreso.

En el documento enviado al Parlamento, el jefe de la PCM recordó que el 8 de abril de este año se propuso una iniciativa desde el Gobierno para derogar la Ley 31355, que delimita la aplicación de la cuestión de confianza y se denunció que desde el Congreso se venía atentando contra el equilibrio de poderes.

Finalmente, la ley fue aprobada y respaldada por el TC a través de un pronunciamiento. En tanto, el proyecto del Ejecutivo sigue sin tener un dictamen de la Comisión de Constitución pese a que el artículo 105 de la carta magna establece que dichos proyectos deben ser atendidos con urgencia.