El Departamento de Estado de USA señaló en su informe anual sobre derechos humanos que el gobierno peruano no impidió de manera efectiva los abusos o castigó a quienes los cometieron.
Estados Unidos aseguró este lunes que existe un
"importante problema de impunidad" ante los abusos cometidos por la
Policía Nacional durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte
iniciado en diciembre pasado. Así lo señaló el Departamento de Estado en su
reporte anual sobre derechos humanos.
La institución aseguró que la "falta de
repercusiones" ante las denuncias de abusos por parte de las fuerzas del
orden generan preocupación entre los ciudadanos. También destacó que hubo
múltiples denuncias de muertes, torturas y tratos inhumanos.
"El gobierno no impidió de manera efectiva los abusos o
castigó a quienes los cometieron", subraya el informe del Departamento de
Estado. Los ciudadanos salieron a las calles desde el año pasado a expresar su
descontento contra la actual presidenta, Dina Boluarte, luego de que asumiera
el cargo tras la destitución de Pedro Castillo por intentar cerrar el
Legislativo, intervenir en la judicatura y gobernar por decreto.
El informe destacó además que, durante este periodo de
agitación social, asociaciones de periodistas en el país denunciaron un
incremento en la agresión y la intimidación a los trabajadores de la prensa que
cubrieron los eventos.
El documento aseguró que durante el 2022 se registraron 303
ataques contra reporteros, el número más alto desde 2005, según cifras de la
Asociación Nacional de Periodistas de Perú.
Dina Boluarte declaró por muertes en las protestas
La presidenta de la República, Dina Boluarte, declaró a
inicios de mes en el Ministerio Público sobre las muertes ocurridas durante las
protestas contra su Gobierno. La mandataria afronta
una investigación por los presuntos delitos de
"genocidio, homicidio calificado y lesiones graves" durante las
manifestaciones antigubernamentales de diciembre de 2022 y enero de 2023 en las
regiones Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho.
El jefe del Gabinete, Alberto Otárola, el exministro del
Interior, Víctor Rojas, el ministro de Defensa, Jorge Chávez, y el exjefe de
Gabinete, Pedro Angulo, también están incluidos en la investigación a cargo de
la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
Otárola, señaló que las muertes en Puno se debieron a que
casi dos mil personas intentaron tomar el aeropuerto de Juliaca atacando a la
Policía y Fuerzas Armadas. En ese sentido, afirmó que hubo un ataque claro al
estado de derecho.