Ante la denuncia constitucional interpuesta por la congresista Patricia Chirinos, de la bancada Avanza País, contra la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos, las diferentes agrupaciones parlamentarias han dividido sus opiniones acerca de la decisión que deberán tomar mañana en el pleno del Congreso. En las diferentes comunicaciones realizadas antes del cierre de esta nota, ninguna bancada oficializó su posición al respecto.

Posiciones encontradas

Por un lado, la congresista Ruth Luque, de la bancada de Juntos por el Perú, señaló que su bloque parlamentario aún no tiene posición definida en conjunto, pero adelantó que personalmente esta decisión buscaría castigar a la señora Ávalos “porque no ha investigado lo que ellos quieren”, por lo que no ameritaría una sanción política.

“Creo que es grave. Si hay congresistas que creen que pueden usar el control político so pretexto de la persecución de intereses propios, se quiebra absolutamente todo”, advirtió.

Por otro lado, el congresista Ilich López, vocero alterno de Acción Popular, informó que, luego de haberse reunido como bancada, resulta evidente que todavía “se tienen posiciones dispersas”. “Muchos colegas aún no revisan el informe. Solo los miembros de la Subcomisión de Acusaciones y la Permanente (lo han leído)”. No obstante, adelantó que se buscaría que la decisión se haga en bloque.

Por su parte, la bancada de Fuerza Popular sesionó anoche para ver este y otros temas; sin embargo, al cierre de esta nota no había culminado su reunión. La República intentó comunicarse con los voceros de Perú Libre, Renovación Popular, Bloque Magisterial, Alianza para el Progreso y Somos Perú, pero no se obtuvo respuesta.

Politización de la justicia

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) emitió un pronunciamiento en el que pide a los congresistas “la mayor reflexión” sobre la acusación constitucional contra la exfiscal de la Nación, recordando que “las imputaciones en su contra guardan relación con el criterio jurídico adoptado en el ejercicio legítimo de la función fiscal, como expresión de su propia independencia”.

Asimismo, enfatiza que dicho órgano “no acude en defensa de una persona”, sino en defensa de las “garantías universales propias de la función judicial y fiscal”, y de “la estabilidad de nuestras instituciones y nuestra propia democracia”.