Pedro Castillo seguirá recluido en el penal de Barbadillo tras declararse improcedente demanda de habeas corpus.
El exmandatario, Pedro Castillo, seguirá recluido en el
penal de Barbadillo, ubicado en el distrito limeño de Ate, luego que el
Tribunal Constitucional declaró "improcedente" una demanda de habeas
corpus que se presentó a su favor para que se ordenara su inmediata libertad y
su reposición en el cargo de presidente de la República.
El máximo intérprete de nuestra Carta Magna desestimó el
recurso interpuesto por Andrés Coello Cruz y Manuel Andrés Coello Cáceres,
abogados del exmandatario, contra la presidenta Dina Boluarte, el Congreso de
la República, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, la exfiscal de la
Nación Patricia Benavides y el juez supremo Juan Carlos Checkley por una
vulneración de los derechos a la libertad y seguridad personal, al debido
proceso, al juez imparcial, a la debida motivación de las resoluciones
judiciales, al principio de legalidad, entre otros.
La defensa legal del expresidente también demandaba al
Tribunal Constitucional que se denuncie a los demandados y se deje sin efecto
los procesos penales seguidos contra su patrocinado.
En dicho recurso se sostiene que el exmandatario sería
víctima de una concertación delictiva entre el Congreso, la Fiscalía de la
Nación, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema y el juez supremo Juan
Carlos Checkley, quienes de manera "arbitraria" lo encarcelaron pese
a saber que jamás cometió los delitos de rebelión, conspiración, abuso de
autoridad y grave perturbación a la tranquilidad a raíz de su fallido golpe de
Estado del 7 de diciembre del 2022.
No obstante, el Tribunal Constitucional determinó que ni en
la demanda ni en los demás actuados se advierten alegaciones de relevancia
constitucional ni la amenaza a la vulneración de los derechos fundamentales que
justifiquen la declaración de nulidad de todo lo actuado en el proceso seguido
en contra del exmandatario por su fallido golpe de estado, cuya detención
preliminar por flagrancia por siete días a raíz de este hecho fue dictada y
confirmada por la Corte Suprema por consiguiente la correspondiente demanda de
habeas corpus debe ser declarada improcedente.
El Tribunal Constitucional también precisó que no le
corresponde, a través del presente proceso de habeas corpus, reponer a Pedro
Castillo en el cargo de presidente de la República ni que se dejen sin efecto
los procesos seguidos en su contra como lo solicitaba su defensa legal en dicha
demanda.