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COMUNEROS DE PUMAMARCA EXIGEN AMNISTÍA Y DENUNCIAN CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA CONTRA LAS BAMBAS

Las comunidades campesinas denuncian la criminalización de sus líderes y piden el cese de la persecución judicial.

Este jueves, la comunidad campesina de Pumamarca, en conjunto con otras comunidades de Cotabambas, llevó a cabo una movilización en Challhuahuacho exigiendo amnistía para los comuneros procesados por su participación en las protestas contra el proyecto minero Las Bambas. Los manifestantes también denunciaron la criminalización de la protesta y demandaron la liberación de 16 comuneros de Pumamarca, quienes enfrentan la solicitud de prisión preventiva por parte de la Fiscalía.

 

El 26 de julio, el Juzgado Penal Unipersonal de Cotabambas dictó condenas de hasta 9 años de prisión para 11 dirigentes de las comunidades de Cotabambas y Grau. Los acusados enfrentan cargos de daños agravados, disturbios y entorpecimiento de servicios públicos, vinculados con las protestas de 2015 contra el proyecto minero.

 

Las manifestaciones de 2015 surgieron en respuesta a la modificación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto Las Bambas, realizada sin la consulta previa de las comunidades afectadas. Esta modificación se produjo tras la adquisición del proyecto por parte de la empresa china MMG Limited. Las protestas fueron reprimidas por la Policía, resultando en la muerte de tres manifestantes.

 

A pesar del tiempo transcurrido, la tensión en la zona de influencia del proyecto minero Las Bambas persiste. La Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ) y Cooperación han calificado las condenas como un intento de desmovilizar la resistencia comunitaria y una violación del derecho a la protesta. Según el abogado Yván Montoya, en un informe de la Fundación para el Debido Proceso, el derecho a la protesta está protegido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y su violación representa un incumplimiento de los tratados internacionales.

 

La movilización de este jueves subraya la persistente preocupación y resistencia de las comunidades locales ante lo que consideran un atropello a sus derechos y un ataque a su capacidad de manifestarse contra las injusticias relacionadas con el proyecto minero.

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