Las comunidades campesinas denuncian la criminalización de sus lÃderes y piden el cese de la persecución judicial.
Este jueves, la comunidad campesina de Pumamarca, en
conjunto con otras comunidades de Cotabambas, llevó a cabo una movilización en
Challhuahuacho exigiendo amnistÃa para los comuneros procesados por su
participación en las protestas contra el proyecto minero Las Bambas. Los
manifestantes también denunciaron la criminalización de la protesta y
demandaron la liberación de 16 comuneros de Pumamarca, quienes enfrentan la
solicitud de prisión preventiva por parte de la FiscalÃa.
El 26 de julio, el Juzgado Penal Unipersonal de Cotabambas
dictó condenas de hasta 9 años de prisión para 11 dirigentes de las comunidades
de Cotabambas y Grau. Los acusados enfrentan cargos de daños agravados,
disturbios y entorpecimiento de servicios públicos, vinculados con las
protestas de 2015 contra el proyecto minero.
Las manifestaciones de 2015 surgieron en respuesta a la
modificación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto Las Bambas,
realizada sin la consulta previa de las comunidades afectadas. Esta
modificación se produjo tras la adquisición del proyecto por parte de la
empresa china MMG Limited. Las protestas fueron reprimidas por la PolicÃa,
resultando en la muerte de tres manifestantes.
A pesar del tiempo transcurrido, la tensión en la zona de
influencia del proyecto minero Las Bambas persiste. La Fundación Ecuménica para
el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ) y Cooperación han calificado las condenas como
un intento de desmovilizar la resistencia comunitaria y una violación del
derecho a la protesta. Según el abogado Yván Montoya, en un informe de la
Fundación para el Debido Proceso, el derecho a la protesta está protegido por
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y su violación representa un
incumplimiento de los tratados internacionales.
La movilización de este jueves subraya la persistente
preocupación y resistencia de las comunidades locales ante lo que consideran un
atropello a sus derechos y un ataque a su capacidad de manifestarse contra las
injusticias relacionadas con el proyecto minero.
