Dirigentes Acusan Traición de Autoridades
Lambrama, 21 de agosto de 2024. La comunidad campesina de
Cruzpata, situada en el distrito de Lambrama, ha expresado su firme rechazo al
contrato recientemente firmado entre la Municipalidad Provincial de Abancay y
la familia Arias Valderrama para la habilitación de un botadero temporal de
residuos sólidos en el sector de Choccopeccana. Los dirigentes locales han
calificado de traidores al alcalde de Lambrama, Ignacio Chipana Pumapillo, y al
primer regidor, Jhon Arias Valderrama, por sus acciones y la falta de
transparencia en el proceso.
Andrés Centeno y Mauro Chumpisuca, lÃderes de la comunidad
de Cruzpata, han manifestado su descontento por la falta de comunicación sobre
el contrato, el cual fue suscrito el 16 de julio de 2024 sin la debida consulta
a la población local. El acuerdo implica el alquiler de un terreno por 533 dÃas
a un costo de 175,000 soles, pagaderos mensualmente, para establecer un
botadero temporal de basura proveniente de Abancay.
“Un mes después de la firma del contrato, el alcalde de
Abancay, Raúl Peña, nos envió un oficio convocándonos a una reunión para
informar sobre este acuerdo. En respuesta, hemos enviado una carta notarial
rechazando la convocatoria y declarando que ningún camión compactador ingresará
a nuestros territoriosâ€, declaró Andrés Centeno.
El contrato en cuestión fue firmado por Gabino Arias
Valderrama, hermano del primer regidor de Lambrama, Jhon Arias Valderrama, y el
gerente municipal de Abancay, Renzo Bustinza Cárdenas. Los dirigentes de
Cruzpata han acusado a Arias Valderrama de traición por ocultar el acuerdo y
han criticado al alcalde Ignacio Chipana Pumapillo por no haber informado
adecuadamente a los pobladores sobre el impacto del botadero en su territorio.
El presidente de la comunidad de Cruzpata subrayó que la
zona en cuestión es de alta importancia agrÃcola, con plantaciones de árboles
frutales y crianza de abejas, y ha sido reconocida por el Ministerio de
Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) como una Zona de Agrobiodiversidad
“Paymakisâ€. La instalación de un botadero sin la correspondiente licencia
social y sin consulta previa a los habitantes locales ha sido vista como una
amenaza a sus actividades económicas y al medio ambiente.
La comunidad ha exigido una revisión urgente del contrato y
una mayor transparencia en la gestión de proyectos que afectan directamente sus
territorios y sus medios de vida. La protesta subraya la creciente tensión
entre las autoridades locales y los residentes, quienes demandan respeto y
participación en las decisiones que impactan su entorno y su bienestar.
