Desadaptado citaba a las adolescentes en hoteles de la ciudad de Abancay, donde se perpetraron los abusos. En otros, registró los encuentros para luego amenazarlas con difundir el material si no accedían a nuevos actos sexuales.
La Segunda Fiscalía Superior de Abancay consiguió que el Poder Judicial confirme la condena de 35 años de prisión efectiva contra Lucio Sánchez Palomino (28), declarado culpable de los delitos de violación sexual, chantaje sexual y favorecimiento a la prostitución, en perjuicio de varias mujeres, incluidas adolescentes.
Entre 2021 y 2022, el sentenciado utilizó perfiles falsos en
Facebook, con los nombres de “Karen Segundo” y “Karen Ortiz Pérez”, haciéndose
pasar por una joven que ofrecía supuesta ayuda económica. De esta forma,
contactaba a adolescentes y mujeres jóvenes, con la intención de obtener
imágenes íntimas y luego chantajearlas.
La investigación reveló que el acusado logró engañar a
varias víctimas, entre 14 y 21 años. En algunos casos, citó a las adolescentes
en hoteles de la ciudad de Abancay, donde se perpetraron los abusos. En otros,
registró los encuentros para luego amenazarlas con difundir el material si no
accedían a nuevos actos sexuales.
Durante el proceso, se determinó que dos adolescentes fueron
víctimas de agresión sexual, mientras que otras tres personas (dos menores y
una mujer de 21 años) fueron víctimas de chantaje. A todas ellas se les vulneró
también en el marco del delito de favorecimiento a la prostitución.
Tras su detención, se incautaron tres teléfonos celulares
que contenían los registros de los perfiles falsos. La fiscal Mariella del
Pilar Quinto Fiestas, en relación al consentimiento de las víctimas que argüía
la defensa, resaltó que es perfectamente posible que las víctimas en un inicio
hayan aceptado tener relaciones sexuales.
Sin embargo, toda mujer puede desistirse incluso al interior
de una habitación de hotel, esto expresado en la casación N° 285-2022-Selva
Central; como consecuencia la Sala Penal de Apelaciones de Abancay confirmó la
sentencia y ratificó la pena máxima prevista para estos delitos: 35 años de
prisión efectiva.
Este fallo representa un paso firme en la protección de
niñas, adolescentes y mujeres frente a los delitos sexuales y el uso criminal
de las redes sociales. Las autoridades reafirman su compromiso con la justicia
y la lucha contra todo tipo de violencia.