Andahuaylas, 03 de julio 2025.- Un trágico accidente se registró en la comunidad de Otas Bellavista, sector Tacana, donde una comunera resultó gravemente herida tras ser impactada por una roca liberada accidentalmente durante trabajos de extracción de material en una cantera vinculada a la obra “Mejoramiento del Camino Vecinal AP-572: Emp. AP-102 Posoccoy – Poccontoy – Otas Bellavista – Huarataca”.

La víctima, identificada como Delia Gutiérrez Andrada, sufrió severas lesiones en las piernas luego de que la pesada roca la aplastara. Según testigos, en el lugar no había presencia de vigías ni se contaban con medidas básicas de seguridad. Comuneros denunciaron además que el consorcio encargado de la obra —Consorcio vial Apurímac— no estaría cumpliendo con el pago de compensaciones a la comunidad por el uso de sus recursos naturales.

Lo más alarmante fue el deficiente manejo de la emergencia. Gutiérrez fue trasladada en condiciones precarias por los mismos comuneros en una camioneta, sin atención médica inicial ni el uso de una ambulancia. Personal de una clínica local reportó dificultades extremas para bajarla del vehículo debido a su delicado estado y los intensos dolores que sufría.

El Consorcio Apurímac, a cargo de la ejecución del proyecto, se encuentra en el centro de una serie de denuncias. Entre ellas, destaca una presunta irregularidad en el proceso de licitación, en el que fueron descalificadas más de diez empresas cuyas propuestas económicas eran significativamente más bajas. La buena pro fue otorgada a la empresa con la oferta más elevada, lo que, según informes de la Contraloría, habría generado un perjuicio económico superior al millón de soles.

Asimismo, se ha señalado que el consorcio ganador estaría integrado por una empresa sancionada por el OSCE (Resolución Nº 2731-2022-TCE-S4), con una inhabilitación vigente de 46 meses. Pese a las observaciones de la Contraloría, hasta la fecha la Fiscalía de Prevención del Delito no ha iniciado una investigación formal sobre el proceso de licitación ni sobre las condiciones en las que opera la cantera.

Este caso pone en evidencia serias falencias en la supervisión de obras públicas y una preocupante desprotección a las comunidades rurales frente a proyectos de infraestructura que, lejos de generar desarrollo, podrían estar causando daño y vulnerando derechos fundamentales.