Según la investigación fiscal, el sentenciado, aprovechando su relación de cercanía con la víctima, perpetró la agresión en el domicilio familiar, valiéndose de la fuerza, el engaño y amenazas para someter a una menor de 13 años de edad. Los hechos, registrados en el año 2023, se repitieron por varias ocasiones, como consecuencias la víctima presenta graves afectaciones físicas y emocionales.

Desde que se tuvo conocimiento del caso, el fiscal Henry Hilasaca Arapa, dispuso diligencias urgentes y especializadas, incluyendo entrevista en cámara Gesell, exámenes médico-legales, pericias psicológicas y recopilación de pruebas materiales y testimoniales, las cuales fueron fundamentales para sustentar la acusación.

Como resultado del trabajo coordinado entre el equipo fiscal y forense del Ministerio Público, el Poder Judicial dictó la máxima pena prevista en la ley: cadena perpetua y el pago de reparación civil a favor de la víctima. Asimismo, se dispusieron medidas de protección para resguardar la integridad de la menor y su familia durante todo el proceso.

El Ministerio Público reafirma su compromiso con la defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes, y con sancionar ejemplarmente a quienes atenten contra su libertad sexual, exhortando a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho de violencia.