A pesar de la opinión desfavorable del Ejecutivo y de
entidades especializadas en materia ambiental, la Comisión Agraria del Congreso
aprobó por insistencia el proyecto que modifica la Ley Forestal y de Fauna
Silvestre, con lo que se pone en riesgo a la Amazonía peruana. Ahora pretenden
que la Comisión de Pueblos Andinos y Amazónicos y luego el Pleno del
Legislativo avalen esta amenaza.
Se debe indicar que la propuesta es impulsada por Perú Libre
y Alianza para el Progreso.
Al respecto, la viceministra de Desarrollo Estratégico de
los Recursos Naturales del Ministerio del Ambiente (Minam), Yamina Silva,
advierte que el riesgo de esta iniciativa es que abra la puerta a la
deforestación y a la tala ilegal.
“Simplemente, abre (la posibilidad) de que cualquier persona
que esté en la Amazonía y quiera hacer agricultura pueda cambiar el uso del
suelo, talar los bosques y convertirlos en zona agrícola, y pueda titular sus
tierras”, advierte.
Otro punto polémico de esta iniciativa es que excluye al
Minam en la zonificación forestal y establece que el Ministerio de Desarrollo
Agrario y Riego (Midagri) sea la entidad que apruebe este proceso. “El Minam
tiene el propósito de preservar, conservar y hacer uso sostenible de los
recursos naturales. Si esto no pasa por el Minam, se corre el riesgo de que se
le esté dando una mirada de uso forestal y no una mirada de uso sostenible”.
En tanto, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la
Selva Peruana (Aidesep) señala que este proyecto de ley no ha contado con la
participación de las organizaciones indígenas ni ha sido consultado. Según
dijeron, “está situación vulnera gravemente los derechos no solo de las
comunidades indígenas reconocidas, sino también de los pueblos que ocupan el
territorio ancestralmente y los pueblos en aislamiento voluntario”.
En tanto, el gobernador regional de Madre de Dios, Jefferson
Gonzales, señaló que está a favor de modificación de la ley forestal. Según
dijo, se ha planteado que los gobiernos regionales amazónicos participen para
cualquier decisión que se dé sobre la zonificación forestal y que sea con una
opinión vinculante del Servicio Forestal (Serfor) respetando la normas de áreas
protegidas y áreas de bosques de aprovechamiento.