En un preocupante caso de posible conflicto de intereses, se ha revelado que Yoni Romero Rojas, trabajadora del Órgano de Control Institucional (OCI) de la Contraloría General de la República, ejerce simultáneamente como secretaria general del sindicato de la Universidad Nacional José María Arguedas de Andahuaylas (Unajma) y regidora del municipio de El Chumbao. Esta situación plantea serias dudas sobre la imparcialidad y la efectividad del control institucional en la universidad y en la municipalidad.

Documentos obtenidos indican que la Sra. Romero Rojas, especialista de Inspectoría III del OCI para el período 2023-2026, se encuentra en una clara violación de la Directiva N° 20-2020 de la Contraloría, que prohíbe a los funcionarios del OCI ser parte de una junta directiva del sindicato de la entidad. La norma, que la misma funcionaria debería conocer, establece explícitamente que la ocupación de cargos sindicales es incompatible con su rol en el OCI, diseñado para garantizar la transparencia y la fiscalización dentro de las instituciones.

La dualidad de funciones que ostenta la Sra. Romero Rojas no solo contraviene las normativas internas de la Contraloría, sino que también pone en tela de juicio la integridad del OCI y su capacidad para desempeñar su labor de supervisión de manera objetiva. En este contexto, es imperativo que se tomen acciones inmediatas para abordar esta irregularidad y restaurar la confianza en los mecanismos de control institucional.

Además, la Sra. Romero Rojas también actúa como regidora en la municipalidad de El Chumbao, lo que añade otra capa de complejidad a su situación laboral. Este cúmulo de cargos en manos de una misma persona podría generar un entorno propicio para la corrupción y la falta de rendición de cuentas, elementos que socavan la base del funcionamiento democrático en nuestras instituciones.

Es crucial que las autoridades competentes tomen nota de este asunto y actúen de manera decisiva para asegurar que se respeten las normativas y se mantenga la integridad de las instituciones públicas. La situación actual no solo compromete la reputación del OCI, sino que también afecta la percepción pública sobre la eficacia del sistema de control en el país.