Andahuaylas, 07 de octubre 2025.- En una polémica y cuestionada sesión extraordinaria, el Concejo Municipal de Andahuaylas decidió no acatar la resolución del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que ordenaba la suspensión por 120 días del alcalde provincial, Abel Serna Herrera.

La solicitud fue presentada por el alcalde del centro poblado Villa Salinas, Bertholt Jiménez Espinoza, alegando el presunto incumplimiento en la transferencia del FONCOMUN a su jurisdicción. A pesar de que el JNE dio trámite al pedido y devolvió el caso al concejo para su ejecución, este optó por rechazarla con 9 votos en contra y solo 2 a favor.

Resultado de la votación

Regidores que votaron en contra de la suspensión:

Vidalina Emilia Quispe Urpe – Frente de la Esperanza 2021

Alan Roberto La Torre Delgado – Frente de la Esperanza 2021

Mayra Rincón Cebrián – Frente de la Esperanza 2021

Kei Erasmo Guerrero Galván – Frente de la Esperanza 2021

Maribel Rodrigo Obregón – Frente de la Esperanza 2021

Iván Llacchuarimay Alhuay – Progresista de Apurímac

Nancy Salazar Altamirano – Progresista de Apurímac

Edwin Miranda Palomino – Hatariy Apurímac

María Luz Alcarraz Huamán – Somos Perú

Regidores que votaron a favor de la suspensión:

Oswaldo Silvera Palomino – Frente de la Esperanza 2021

Walter Sotaya Caballero – Frente de la Esperanza 2021

Posibles conflictos de interés en el Concejo

La votación ha generado una ola de críticas desde la sociedad civil, ya que entre los regidores que blindaron al alcalde existen serios cuestionamientos por aparentes conflictos de interés.

De acuerdo a diversas denuncias públicas, algunos de los concejales estarían vinculados a:

Provisión de maquinaria pesada a la municipalidad

Elaboración de expedientes técnicos para obras del mismo municipio

Administración de bares y cantinas informales, donde se expende alcohol sin fiscalización

Control de asociaciones de mototaxistas, que han desbordado el sistema de transporte urbano

Estas relaciones —en apariencia irregulares— ponen en duda la imparcialidad de los regidores al momento de evaluar la suspensión del alcalde, y podrían configurar faltas éticas y legales.

¿Desacato a la autoridad electoral?

El JNE es el máximo ente electoral del país, y sus resoluciones tienen carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio. Por ello, la negativa del concejo a ejecutar la suspensión de Serna podría constituir una omisión de funciones e incluso un desacato, lo cual es sancionable por la ley.

Expertos en derecho administrativo consultados por este medio advirtieron que los regidores podrían enfrentar procesos administrativos, disciplinarios o penales si se comprueba que actuaron con dolo o concertación para encubrir al alcalde.